De acuerdo con el World Prison Brief (WPB), una base de datos única sobre sistemas penitenciarios en el mundo, elaborada por el Instituto de Investigación de Política Criminal, en números absolutos México fue en 2016 el 7º país con más personas presas y el 74 de 222 naciones si se pondera la tasa de personas privadas de su libertad de 204 por cada 100 mil habitantes.

En su región, México ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos (693 presos por cada 100 mil habitantes) y seguido de Canadá (114 por cada 100 mil). Para dar una idea de esa tasa en los países más desarrollados, en Suecia fue de 53, en Islandia de 37 y en Dinamarca de 59. Y en naciones comparables con México como Ecuador, 160; Argentina, 167, y en Venezuela, 173.

De la población penitenciara mexicana, 41% son “presos preventivos”, es decir, no se sabe si son culpables porque aún esperan sentencia, la mayoría desde hace más de dos años. El WPB consideró en el reporte de 2016 datos de 389 cárceles de México, que en conjunto cuentan con una capacidad para 209,313 personas pero albergaban a 247,001.

Hace hace unas semanas, el Inegi presentó, por primera vez, su Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), cuyas cifras generales concuerdan con las del WPB, si bien para aquél la tasa de personas en prisión es de 173 por cada 100 mil habitantes.

Ambos reportes muestran un panorama carcelario crítico para México, con muchas personas presas sin sentencia y detenidas arbitrariamente, mientras en las calles, los delitos crecían: 2015 y 2016 tuvieron, según cifras oficiales, importantes repuntes en delitos de alto impacto como homicidio doloso, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo. Los datos del Inegi también revelan las viejas y conocidas prácticas de las procuradurías (o fiscalías) y policías para detener e inculpar a las personas en el sistema penal anterior: 3 de cada 10 presos no fueron informados de qué se les acusaba y sólo 2 de cada 10 pudieron ejercer su derecho de contactarse con un abogado, mientras que 24.3% recibió amenazas o presiones para declararse culpable.

Mención aparte merecería el tema de la fracasada política de reinserción social. Las cifras del Inegi reflejan el concepto de las “escuelas del crimen” que son los centros penitenciarios, muy preocupante cuando se pone atención en las edades, ya que 70% tiene entre 18 y 39 años, es decir, con grandes posibilidades de volver a la sociedad al término de sus sentencias o incluso antes, si obtienen los beneficios de ley.