Ha persistido la creencia y desafortunadamente también han prevalecido las políticas públicas que conectan, de forma injustificada, el establecimiento de castigos más severos o la incorporación de nuevos delitos en las leyes o su calificación como “graves” (en el equivocado concepto de que grave significa que la gente irá de inmediato a prisión como medida preventiva) con la disminución de la incidencia delictiva.
Los poderes legislativos se apuran a hacer cambios en leyes o crear nuevas y los gobiernos publican decretos, crean organismos, sistemas, instancias, procuradurías especializadas y demás.

La realidad es que no hay una conexión suficiente entre la amenaza de un castigo mayor y la inhibición en la comisión de delitos y mucho menos la hay con el hecho de promulgar más leyes o “agravar” los delitos. El ejemplo más recurrido para patentizar esto es el de la pena de muerte, que no ha abatido índices delictivos en los lugares en los que está establecida.

En realidad, la incidencia delictiva tiene más conexión con dos vertientes que están fuera del ámbito judicial: las políticas públicas de prevención de los delitos y la correcta, oportuna y debida investigación de los mismos, ambas responsabilidades de los poderes ejecutivos.

Se puede afirmar que la investigación de los casos, a cargo de las policías y las fiscalías, es, de hecho, el “cerebro” del actual sistema penal acusatorio y oral. Sin las pruebas y evidencias que arroje una buena investigación es imposible saber si hubo delito, en qué circunstancias y quién pudo cometerlo, que es, a final de cuentas, la razón de ser del sistema de justicia penal.

Si una denuncia o delito no terminan con alguna consecuencia es porque, o los investigadores no pudieron comprobar e investigar lo denunciado, o sencillamente no hubo delito. Un caso típico y difícil de resolver es de los más comunes y el “rey” de la estadística criminal: el robo. Si se desconoce al autor y no hay evidencia, antecedente o indicativo que apunte hacia alguien, ¿cómo podría resolverse el caso? ¿Con qué “armas” podría un fiscal llevar su caso al juez? ¿Con qué elementos podría justificar una detención? Y aún más, ¿con qué elementos podría justificar la solicitud de una prisión preventiva?

Cuando se comete un robo o cualquier otro delito, son las policías investigadoras (en nuestro caso la Secretaría de Seguridad Pública) bajo la dirección de la Fiscalía, las que deben abocarse a investigar. Por tanto, la rapidez, eficacia y legalidad de su trabajo sí están altamente ligadas al resultado y en consecuencia a la posible impunidad.