Ejemplo de que la disminución o aumento de los delitos no tiene conexión automática con castigos más severos son los conectados al ámbito de la familia, como la violencia y el incumplimiento de obligaciones familiares, además del homicidio en razón de parentesco y abusos a menores, y podría agregarse el feminicidio. Todos persisten a pesar de que ya están sancionados legalmente.

La ley establece que todo abuso de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera económica, física, patrimonial, psicológica o sexual a un miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, amerita una pena de 6 meses a 4 años de prisión y, en su caso, la privación del régimen de convivencia, patria potestad, custodia o tutela. En el feminicidio la prisión puede llegar a 50 años y en el de incumplimiento de 1 a 4 años.

De 2008 a la fecha la Fiscalía turnó a juzgados del Estado 47 casos de asesinato de mujeres, muchos en razón de parentesco, en los que el victimario fue la pareja sentimental de la muerta, y otros 15 como tentativa. En 43 de los consumados los responsables están en la cárcel.

La violencia familiar siempre debe denunciarse, pero corresponde a las instituciones del Estado asesorar y acompañar a las víctimas para que lleguen hasta los juzgados, y que las medidas de protección para las mujeres o cualquier miembro de la familia que denuncie se apliquen.

En 2016 en Yucatán hubo cerca de 35,000 denuncias por delitos del fuero común ante la Fiscalía. Antes de llegar a los juzgados, esta instancia tiene la facultad de resolverlos por otra vía. Por eso, las víctimas deben estar bien asesoradas antes de que se presenten a tribunales, ya que esta parte del proceso en la Fiscalía no es pública.

Las políticas públicas también deberían trabajarse con las empresas y los medios de comunicación, porque el entorno económico fincado en el consumismo y la propagación de contenidos que hacen apología de la violencia, el delito y el drama pasional son altamente negativos, igual que la expansión en el uso de drogas y alcohol y estereotipos de roles.

Los casos que llegan a los juzgados son la punta del iceberg, si consideramos que el porcentaje de delitos que ocurren y no se denuncian ronda el 90% ó 95% y de que no todos los casos denunciados son llevados por la Fiscalía a los juzgados.

Mientras Estado y sociedad no hagamos lo que nos corresponde, de poco servirá la amenaza de castigo.