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En una reciente intervención en el Foro Banorte Estrategia 2018, la senadora Olga Sánchez Cordero esbozó el tamaño del reto en materia de procuración de justicia que se avecina para el próximo gobierno y que está latente en muchos gobiernos estatales. No hay que olvidar que casi 70% de los delitos son del fuero común y corresponde investigarlos a las autoridades estatales.

Dijo que a las procuradurías (o fiscalías) habrá que “rehacerlas y reestructurarlas desde abajo, desde sus mismas entrañas”.

La senadora aseguró que el sólo hecho de contar con un fiscal independiente no resuelve el problema de la impunidad, ni de la violencia y esto es cierto porque la procuración de justicia trabaja sobre hechos ya consumados, lo que no tiene relación directa con el aumento o disminución de delitos que es, a su vez, un tema de estrategia de seguridad pública y prevención que se combina con otros temas transversales como pobreza, educación, igualdad, etc.

Sin embargo, la actuación de la fiscalía da paso o frena la impunidad. Si los casos denunciados se quedan archivados o inactivos, o si no se logra una investigación sustentada, legal y eficaz que permita esclarecer un hecho delictivo y llevarlo exitosamente a un proceso penal y de ahí a una condena, entonces hay impunidad.
Además de ese papel, las fiscalías tienen otras facultades: i) deciden sobre cuáles denuncias abrirán una investigación (lo que implica que hay un porcentaje que deciden no investigar) y ii) de esos casos que sí investigarán un gran porcentaje los resolverán en su propia sede, sin llevarlos a los jueces. Es por eso que solo un porcentaje mínimo de denuncias llega a los juzgados.

Por eso es que Sánchez Cordero sugirió que aun el hombre o mujer más reconocido al frente de la fiscalía no es suficiente para resolver la urgente necesidad de mejorar la procuración de justicia a nivel federal y en los estados.

Para ello, dijo, sería necesaria una estructura de fiscales cercanos a poblaciones remotas, especializados y certificados por tipo de delito, buenos investigadores, con una “auténtica buena y decorosa remuneración” y, si no una inmovilidad, “cuando menos la seguridad en el cargo”.

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