Enfrentar la consulta y el interrogatorio del médico, por lo general varón, para diagnosticar el embarazo, o la exploración física de la gestante, sigue generando ansiedad, vergüenza y temor en estas mujeres.

A principios de los ochenta, y como parte de una política nacional, las parteras controladas por el sector salud tuvieron que condicionar la atención a sus embarazadas a que además acudieran al doctor a control prenatal. De este modo, los médicos de las instituciones de salud se fueron apropiando también de los nacimientos que atendían las parteras.

A partir del presente siglo, y en aras de reducir la morbimortalidad materna, se ha generado un exceso de intervenciones obstétricas, abuso de fármacos e inducción por oxitocina. Actualmente más del 50% de los partos atendidos en los hospitales del sector público son vía cesárea, en su gran mayoría innecesarias.

Esta situación lleva a cuestionar lo siguiente:

De ser el embarazo-parto un evento biocultural se han convertido en un acto eminentemente biomédico y despojado de sus contenidos simbólicos y culturales.

La atención en el consultorio y las explicaciones en el hospital se hacen en español y no en maya, lengua materna de estas mujeres; situación que las hace sentir inseguras y vulnerables.

La postura para parir tampoco está a elección de la “paciente”, es necesariamente supina en la mesa de parto con las piernas extendidas y sostenidas en los porta-muslos, a pesar de ser la más penosa e incómoda para la parturienta.

El dolor, inherente a la naturaleza del parto, muy valorado por parteras y parturientas, en el hospital es bloqueado por medio de anestesia, o “se corta” (se hace cesárea) y, en el mejor de los casos, “se pica” (se hace episiotomía) para que todo sea rápido y eficaz. Como si el parto fuera un mal paso que hay que dar de prisa.

A esto habría que añadir la discriminación y maltrato (físico y psicológico) que reciben estas mujeres en las clínicas y hospitales; prácticas tan arraigadas y normalizadas en la sociedad como en el sector salud.