El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha presentado su sexto informe, mismo que sería el último que emitirá, pues han indicado que debido a las trabas e intereses de poder su trabajo se ve limitado, dando por finalizada una etapa en la búsqueda de la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero en el fondo, la decisión de los investigadores sólo viene a corroborar lo que se ha sabido desde la noche-madrugada del 26-27 de septiembre de 2014: ¡FUE EL ESTADO!

En sus informes anteriores, el GIEI ya había dejado muy claro que la Sedena, la Marina, la Policía y demás aparatos coercitivos del Estado mexicano tuvieron conocimiento y participación directa en la desaparición de los 43, además de la violencia sobre las otras víctimas de esa noche, que han quedado de lado en la narrativa de la “justicia”. El sexto informe del GIEI, compuesto por 12 partes y más de 300 páginas, presenta un recorrido desde la noche trágica hasta nuestros días, en los que pronto se cumplirán 9 años de este Crimen de Estado que sigue en la impunidad.

Las páginas del informe van reconstruyendo una mirada general de la indagatoria, dando luz a las revelaciones más recientes, donde los responsables del ataque, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el ocultamiento y desviación de la verdad, se presentan con un poco más de claridad, haciendo hincapié en la participación de los aparatos coercitivos del Estado (Ejército, Marina y Policía). Es de notarse que los investigadores no ocultan la omisión de información por parte de la Sedena, y la clara intención de altos mandos de ocultar la verdad, lo que de paso refuerza el conocimiento que se tiene sobre la complicidad entre los diferentes poderes, quedando sujeta la justicia a los deseos tenebrosos de quienes deberían cuidar a la ciudadanía en lugar de agredirla y enquistarse en el poder.

Tristemente es indignante observar cómo una posibilidad de acercarnos a la justicia se desvanece entre discursos y “buenas intenciones”, pues si el actual Gobierno Federal desea realmente llegar a la verdad y deslindar responsabilidad “¡hasta las últimas consecuencias!”, entonces debiera sin titubeos ordenar a la Sedena abrir todos los expedientes y dejar de ocultar la información, además de entorpecer la investigación. Pero la realidad está más que clara, y sin menospreciar los avances fundamentales del GIEI, en México el poder político y económico no recae en su totalidad en los gobernantes, pues ellos son representantes de intereses superiores que se encuentran naturalizados en la lógica inhumana del capitalismo. Y, esto último, no es consigna, sino realidad.

El sexto informe es un documento valioso que da señales puntuales para la ruta a la verdad y, al mismo tiempo, es un crudo relato de lo mucho que hace falta, tal y como puede leerse: “Las informaciones existentes aún son fragmentadas y tienen contradicciones entre evidencias y declaraciones. Tres restos de los jóvenes han sido encontrados en estos años, pero la historia de cómo todo ello se llevó a cabo aún permanece con grandes sombras”. Este extracto de párrafo resume, tanto el dolor, la rabia como la injusticia, a casi 9 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas pareciera que apenas se inicia el camino hacia la justicia y la verdad. Éste no puede ser el último informe sobre los 43 de Ayotzinapa, pero sí una urgente llamada a la sociedad para que exijamos justicia: ¡No olvidamos, fue el Estado!