Es la institución en la que más confía la ciudadanía desde hace muchos años, según encuestas del Inegi. Su incorporación a las tareas de seguridad pública, tres sexenios atrás, fue calificada como un acierto aquí y en otros países, particularmente en Estados Unidos que, a través de la (ya desaparecida) Iniciativa Mérida, le brindó un gran apoyo (vía el Gobierno Federal) tanto en recursos, como en equipo y entrenamiento, y logró golpes muy relevantes a la delincuencia organizada. Sus hombres se han adiestrado con sus pares de EU desde hace décadas, ganándose el reconocimiento de estos, tanto por el desempeño destacado en cursos, ejercicios navales, así como su trabajo en las comisiones activadores y/o receptoras de buques y aeronaves.

En su ya larga travesía en el devenir de nuestro país, este pilar de las instituciones ha contribuido al desarrollo social y económico al garantizar la soberanía nacional en aguas y costas nacionales y el territorio insular, ofreciendo seguridad a instalaciones estratégicas como Pemex y CFE, coadyuvando al respeto a la biodiversidad marina haciendo cumplir las vedas y evitando ilícitos como el tráfico de drogas, de migrantes y de armas, sin olvidar el rescate en altamar.

Sí, nos referimos a la Armada de México, cuya fortaleza radica en la formación y doctrina que se inculca a los mandos y a todo su personal en sus planteles navales que hoy son un referente en la educación naval, marítima y militar, y recién se han incorporado a la Universidad Naval las escuelas náuticas mercantes del país. Pero, como dicen los jóvenes, “ahora resulta...”, que todo ese prestigio se pretende poner en tela de juicio.

El que alguien considere (desde hace dos años) una falta de respeto a la soberanía de México el que se siga imponiendo la narrativa de que solamente se puede confiar en la Marina para realizar operativos contra el narcotráfico y que afirme que esa concepción fue una “intromisión alevosa” por parte de la Agencia de Combate a las Drogas (DEA)” hace dos sexenios, no tendría la mayor importancia porque los resultados han sido reconocidos no sólo por las autoridades federales, sino también por el Ejército, con el que la Armada mantiene una relación más allá de lo institucional, por su condición de hermandad, en operativos conjuntos en aire, tierra y mar.

Pero cuando ese alguien es el Ejecutivo, que en su rol de comandante supremo de las fuerzas armadas que le confiere la Constitución, señale (al defender al general Salvador Cienfuegos) que, desde el gobierno de Felipe Calderón, elementos de las agencias estadunidenses operaban en el territorio nacional porque se les tenía permitido “entrar hasta la cocina” y que “con la complacencia de las autoridades mexicanas, EU logró hacerse del control de la Secretaría de Marina, pero no pudo hacerlo con el Ejército mexicano”, indica que se desconoce la importancia y el alcance de la cooperación internacional, tanto que al eliminarla se provocó un problema que ahora se quiere solucionar, precisamente mandando al gabinete de seguridad (incluidos los titulares de Sedena y Marina) a reactivar esa cooperación con EU y Canadá. ¿Entonces? 

Anexo “1”

En el INM sí hay responsables

La opinión pública (nacional e internacional) logró evitar lo que se advertía como otro caso de impunidad en este Gobierno. El pasado martes, la Fiscalía General de la República decidió proceder (por órdenes, desde lego) penalmente en contra de Francisco Garduño Yáñez y Antonio Molina Díaz, director general del Instituto Nacional de Migración (INM) y director general de Control y Verificación Migratoria, respectivamente. El anuncio fue empañado por la decisión del Presidente de mantener a Garduño al frente de la dependencia y del propio funcionario al no presentar su renuncia al cargo. El primero tiene un antecedente similar, ocurrido en Tenosique, Tabasco, que ameritó una Recomendación de la CNDH y nada pasó.

Son los primeros mandos del INM señalados como responsables del incendio del pasado 27 de marzo que mató a 40 migrantes centroamericanos en sus instalaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cabe señalar que se sigue insistiendo en que el contralmirante CG.DEM. (en retiro) Salvador González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua, debe incluirse entre los responsables. La Presidencia sólo ha informado que ha cooperado ampliamente con las indagatorias, pero deben deslindarse responsabilidades para despejar cualquier sospecha o duda y evitar la percepción de que, como siempre, “el hilo se revienta por lo más delgado”. Por lo pronto, todos los directivos implicados en esta tragedia que pudo evitarse deberían poner en la mesa sus renuncias