Un nuevo hecho, en el marco del combate a la delincuencia, se registró el pasado 19 de mayo en Tamaulipas. Esta vez no fue una denuncia, sino la tecnología, una cámara de seguridad evidenció lo que ya reconoció el Gobierno como la ejecución “extrajudicial” de cinco civiles a manos de un grupo de soldados. Si la presencia militar molesta a ciertos sectores, por su despliegue en actividades no precisamente de la naturaleza de las fuerzas armadas, los abusos “disparan” esa animadversión, no obstante que nadie puede negar la necesaria presencia de soldados y marinos para preservar la seguridad.

El propio Ejército y el Ejecutivo asumieron que se investigará y se castigará a los responsables, se promete que no habrá impunidad, lo que generalmente reclaman familiares de las víctimas, algunas de éstas abatidas en medio del fuego cruzado o “confundidos” con delincuentes. En descargo de los militares, debemos señalar que en muchas misiones se juegan la vida y hay que estar enfundado en el uniforme para comprender las decisiones que se toman en el “teatro de la guerra”, cuando fluye la adrenalina y los prepara para reaccionar ante el peligro.

Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre algo así, lo que ha motivado el reconocimiento de mandos castrenses de acciones excesivas e ilegales. Dos casos recientes ocurrieron ahí mismo, en Nuevo Laredo: hace casi dos meses, tras un violento evento una joven embarazada y un hombre murieron luego que elementos de la Guardia Nacional tirotearon la camioneta en que viajaban; en febrero, una patrulla del Ejército mató a balazos a cinco hombres, cuatro soldados han sido acusados por este incidente.

Más atrás, la noche del 19 de marzo de 2010, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey salían de la biblioteca cuando se registró un enfrentamiento entre delincuentes y militares; los jóvenes fueron confundidos por los soldados y abatidos. Una investigación determinó que a los alumnos de excelencia les sembraron armas para acusarlos de ser sicarios. Nueve años después, el Estado mexicano ofreció a sus padres y a la comunidad del Tec, una disculpa pública; se criticó el silencio del Ejército. El documental “Hasta los dientes” (2018), dirigido por Alberto Arnaut, narra la historia de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso.

En febrero de 2015, un video subido a redes sociales mostró a dos militares y a un policía federal torturando a una mujer en Ajuchitlán, Guerrero. La Sedena confirmó que eran de sus efectivos, fueron detenidos y procesados. El 16 de abril de 2016, el entonces titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública por la tortura en que estuvieron implicados los soldados.

La importancia de esta mea culpa es dignificar a quien se le interrumpe su proyecto de vida y estigmatiza; es reconocer su inocencia, porque muchas veces se les etiqueta como delincuentes para justificar un error que no sólo sega vidas, sino también, en la búsqueda de justicia, sus familiares transitan por un largo camino de agravios y señalamientos. Además, estos ilícitos nos lastiman como sociedad.

Anexo “1”

Primer informe, ¿sin informe?

El pasado 30 de mayo, el Gabinete de Seguridad federal ofreció ante una comisión bicameral del Congreso el primer informe de labores sobre las actividades de la Fuerza Armada Permanente en apoyo a los nueve estados más aquejados por la delincuencia organizada, que, de acuerdo con el decreto constitucional, debe ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, con respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Pero, a decir de los legisladores, el grupo encabezado por el secretario de Gobernación y los titulares de Sedena, Marina y SSPC omitieron datos que les permitieran evaluar a fondo la actuación del Gobierno en esa materia. Consideraron que no hubo datos adicionales o información diferente a la disponible públicamente, sobre la efectividad de haber ampliado hasta 2028 la presencia de la Armada y el Ejército en apoyo a las policías del país.

El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, declaró: “En lugar de desarrollar cuántas quejas se recibieron, cuántas recomendaciones, qué se ha hecho con las denuncias (contra militares y marinos), nos presentan el índice de percepción de aceptación de la fuerza armada por parte de la población”. Y cuando preguntó: “¿Cómo le hacemos para que en cinco años no lleguemos otra vez con que no hay otra opción más que dejar el Ejército en las calles?”, no hubo respuesta.