La transparencia en el actuar es primordial para el desarrollo de las personas, para la sana convivencia (empezando en familia), se convierte en un valor de peso en nuestras relaciones interpersonales y cobra relevancia cuando nos insertamos en el ámbito laboral. En los sistemas de Gobierno es un logro de los regímenes democráticos esa transparencia que se traduce en rendirle cuentas a los gobernados.

Por eso, al anuncio del lunes pasado del presidente López Obrador, de que enviará una iniciativa de reforma constitucional al Congreso para eliminar a los organismos autónomos, a los que acusó de “no servir para nada”, levantó polémica, aunque sabe que es muy difícil que sea aprobada, ya que se necesitan dos terceras partes de las cámaras, que los corifeos de su partido no tienen.

Ese afán de desaparecer los entes que son un contrapeso para los abusos de poder sólo puede entenderse porque se pretende limitar el acceso a la información, a brindar a la ciudadanía datos fidedignos para la toma de decisiones o simplemente para que el pueblo –al que se deben los gobernantes– sepan en qué se gastan los recursos PÚBLICOS. Esta ha sido así la premisa de la 4T: ocultar (clasificar es el eufemismo que utilizan) la información de ciertas obras y programas al etiquetarlas como “de seguridad nacional y de interés público”, pasando por alto la legislación federal que señala obligaciones en esta materia a los funcionarios que son sujetos obligados. ¿Será tan peligroso conocer cuánto gasta el Gobierno?

El país avanzó en los últimos sexenios en construir una caja de cristal para el Gobierno en turno, con órganos constitucionales autónomos que contempla la Constitución, como el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Federal Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, aunque hoy es un simple florero), la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y, por supuesto, el más odiado en esta administración: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que han demostrado su utilidad.

Adicionalmente, cada dependencia del Gobierno Federal tiene órganos que, por su naturaleza y objetivo, se puede considerar como independientes. Por ejemplo, en las fuerzas armadas (Sedena y Marina) las Inspecciones y Contralorías vigilan y verifican la administración y uso correcto del presupuesto, bienes, servicios, operatividad, trato al personal, etc., y las infracciones o malos manejos tienen consecuencias.

Concluyo citando el segundo párrafo del primer artículo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: “Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios”.

Eso es lo que el Ejecutivo desea desaparecer con su iniciativa, lo que sería un retroceso para la vida democrática.

Anexo “1”

El contexto

Hay varios conceptos sobre los organismos autónomos, aquí, algunos de ellos, para mayor comprensión de su importancia de preservarlos:

“Los órganos constitucionales autónomos surgen en Europa y su establecimiento se expandió por Asia y América, como consecuencia de la nueva concepción del poder, bajo una idea de equilibrio constitucional apoyada en los controles del poder público. Actualmente se habla de que dicho principio debe considerarse como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades confiadas al Estado. Por tal motivo, se establecieron en las normas jurídicas constitucionales, dotándolos de independencia en su estructura orgánica y así alcanzar los fines para los que se crearon, es decir, para que ejerzan una función pública fundamental, y que por razones de su especialización e importancia social requería la autonomía del órgano creado respecto de los clásicos poderes del Estado. Actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional”. (Filiberto Valentín Ugalde Calderón. Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Núm.29 P.254)