A principios de los años 80 acompañé a mi padre a la oficina del Infonavit en Mérida. En ese entonces estaba ubicada en un edificio de la calle 45 con 56, cerca de Paseo de Montejo. Iba a informar que había terminado de pagar su casita en el fraccionamiento Fidel Velázquez. La persona que le atendió le confirmó que había pagado su hipoteca, e incluso le iban a devolver unos 500 pesos de remanente. Mi padre, emocionado, le dijo: “que se quede así”. Pero el funcionario le respondió: “de ninguna manera, don Enrique, ese dinero es suyo y debemos devolvérselo”.

Como mi padre (sastre-cortador de una conocida tienda de guayaberas), muchos trabajadores lograron, gracias al Infonavit, tener lo que todo jefe de familia ansía: una casita para los suyos y, por ende, un patrimonio que heredarles. Durante varios años, desde su creación en 1972, el Instituto cumplió su objetivo de garantizar que los trabajadores formales tengan acceso a una vivienda digna.

En sus inicios, el trámite para obtener el crédito llevaba un buen tiempo, lo cual podía desalentar a los solicitantes o a los vendedores; además, los casados tenían preferencia. Con los años se fueron abriendo posibilidades para trabajadoras, solteros, etc. En este trayecto se fueron creando programas para facilitar la adquisición de casa, luego construcción y reparación, y ahora hasta renta con opción a compra.

Sin duda, el Instituto ha sido un pilar en las políticas de vivienda de los gobiernos, junto con otros como el Fovisste, el Fonhapo (fideicomiso que desapareció en 2024 y que en 42 años de vida benefició a 12 millones de personas) y el Fondo de Vivienda Militar (Fovimi), creado en 1976 y que opera el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam). Todas han cumplido las expectativas, pero cada Gobierno en turno ha querido agregar o suprimir algo con el argumento de mejorar el sistema.

Es el caso del Infonavit, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Senadores una nueva reforma a la ley del Instituto, con “orientación social”. Entre otras cosas plantea: construir hasta un millón de viviendas para trabajadores (alrededor de 500 mil a cargo del Infonavit, mediante la creación de una empresa constructora, y 500 mil por la Canadevi), así como otorgar a los trabajadores acceso a vivienda vía arrendamiento social, lo que sea que esto signifique.

La oposición y varios sindicatos afirman que la iniciativa dará al Gobierno más facultades en el Infonavit para disponer de más de dos billones de pesos de las subcuentas del fondo, propiedad de los trabajadores, lo que ocasionó que el pasado lunes se “congelara” momentáneamente la reforma en ciernes. La Presidenta tuvo que salir al paso y negó que la iniciativa vaya a utilizar el ahorro de los trabajadores para realizar los proyectos de construcción de casas.

Hasta aquí todo bien, sin embargo, siempre se ha dicho, y con justa razón, que el Gobierno es un mal empresario, simplemente porque el funcionario –desde el más encumbrado hasta el último burócrata del escalafón– ve por su interés político y personal, no social ni empresarial.

Además, aún se perciben en el ambiente los excesos y corrupción que envuelven a proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la aerolínea Mexicana, la refinería “Olmeca” de Pemex en Dos Bocas y el tren maya.

Anexo “1”

Primero los jefes, luego la tropa

Como referimos líneas arriba, el Fovimi se creó en 1976 para otorgar créditos para vivienda al personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Como todo, en sus inicios el trámite llevaba meses y había que acudir al Issfam, ubicado en la Ciudad de México, para “amarrar” el trato y firmar la documentación Esta larga espera, en ocasiones ocasionaba que el presunto vendedor “se echara para atrás” o quisiera aumentar el monto acordado por la venta debido al tiempo transcurrido.

Sobra decir que al principio los primeros beneficiados fueron los altos mandos y algunos oficiales. La tropa era ignorada. Sin embargo, hoy es todo lo contrario, el Issfam, que opera este sistema crediticio, ofrece muchas facilidades y una gama de opciones para los solados y marinos –desde tropa– que deseen adquirir una vivienda. Puedo asegurar que aquí funciona, y muy bien, este beneficio para los militares y sus familias.