En medio del fervor electoral y los debates candentes sobre el futuro del país, hay un tema crucial que parece haber sido relegado a un segundo plano: la situación fiscal en México. Si bien las promesas de campaña son abundantes y los discursos políticos están repletos de ideales y planes grandiosos, pocos candidatos se han detenido a abordar la cruda realidad de las finanzas públicas.

Al analizar este fenómeno, surgen varias hipótesis que arrojan luz sobre el porqué de este silencio. En primer lugar, enfrentar la situación fiscal actual implica confrontar una verdad incómoda y ampliamente conocida: el dinero público ya no alcanza para cubrir todas las necesidades del país. El espacio fiscal disponible se ha reducido drásticamente, representando apenas el 0.9% del PIB, lo que equivale a alrededor de 220 mil millones de pesos. Esta cifra es significativa si consideramos que es apenas la mitad del costo estimado de un nuevo programa social, como la tan mencionada pensión para adultos mayores, cuyo presupuesto alcanzaría los 482 mil millones de pesos.

Por otro lado, existe la creencia errónea por parte de algunas candidaturas de que la ciudadanía no comprende ni está interesada en cuestiones fiscales y económicas. Se nos presenta la política fiscal como una suerte de ciencia oculta, incomprensible para el común de los mortales. Esta visión simplista se traduce en la promesa de soluciones mágicas para problemas reales de ingreso y gasto, sin abordar la complejidad del panorama fiscal del país.

Además, hablar abiertamente de una reforma fiscal justa y progresiva implicaría desafiar el status quo y romper el histórico acuerdo tácito entre el poder político y el económico. Nuestro sistema fiscal actual perpetúa la desigualdad al favorecer a los más ricos y dejar de lado a los más vulnerables. Es hora de reconocer que la pobreza extrema coexiste con la riqueza desmedida, y que este desequilibrio es producto de un diseño fiscal que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría.

Es imperativo que como sociedad exijamos un cambio radical en nuestro sistema fiscal. Necesitamos una reforma que no sólo sea justa y progresiva, sino que también distribuya equitativamente la carga fiscal entre todos los sectores de la sociedad. Es hora de que aquellos con mayores recursos contribuyan de manera justa al sostenimiento del país, mientras que los ingresos se destinan de manera efectiva a programas y servicios que beneficien a toda la población.

Así que no podemos permitir que el debate sobre el futuro de México se centre únicamente en promesas vacías y discursos grandilocuentes. Es hora de abordar la realidad de nuestras finanzas públicas con seriedad y responsabilidad. Sólo así podremos construir un país más justo y próspero para todos.