Sin lugar a dudas la visita de Claudia Sheinbaum al puerto de Progreso marcó el inicio de un ritual que seguramente se repetirá mes tras mes en la agenda política del gobernador Joaquín Díaz Mena. Se trató de una agenda de corte social; empática con los anuncios de nuevos apoyos y programas sociales para jóvenes, discapacitados y madres solteras; aunque en realidad también hubo anuncios dirigidos al sector empresarial yucateco.

No todo será resuelto en unos meses, sin embargo; al igual que su antecesor; se espera que la Presidenta agende cuando menos una visita al Estado para supervisar las grandes obras federales que se quedaron pendientes en la administración de Mauricio Vila. En esta agenda se espera desglosar cómo y de qué manera, el Gobierno del Estado ejecutará el crédito de más de 3 mil millones de pesos en préstamos para financiar la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, que incluiría el dragado, relleno, construcción de una plataforma y la rehabilitación de la infraestructura existente.

También persiste la interrogante sobre qué pasará con la Operadora Energética y Marítima de Yucatán (Oemey), S.A. de C.V., una empresa de participación estatal mayoritaria que operaría y administraría una parte importante del Puerto de Altura, y que ya había sido aprobada por la legislatura pasada de mayoría panista, junto con la Ley contratación de proyectos integrales de inversión a largo plazo para los entes públicos del Estado.

Recordemos que con ésta última, el Gobierno buscaría atraer inversiones para proyectos a largo plazo en el puerto y con la primera, mediante la Oemey, se pretendía realizar obras de dragado, ampliación y modernización del puerto, incluyendo la concesión de nuevas terminales, la construcción de edificios para rentar, entre otras cosas, en dicho recinto federal.

Y aunque se cuenta ya con el respaldo de la iniciativa privada -que por cierto no fue visibilizada durante el evento playero- se estima que habrán cabildeos para no pisar los intereses de la poderosa Asociación de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP), que agrupa a las más importantes empresas del sector en el país.

La visita presidencial también fue el motivo para sacarse la espina ante el drama de los pescadores desaparecidos; y anunciar el equipamiento de lanchas y localizadores satelitales para evitar desgracias. Menuda tarea le dejará a la secretaria de Pesca, Lila Frías Castillo, quien tendrá a su cargo la difícil tarea de cambiar viejas inercias y costumbres de los pescadores que usan sus chalecos como banderas, que prefieren llevar cerveza en lugar de agua purificada o que prefieren trabajar con armadores y patrones que no les exijan tomar cursos o bien a aquellos que no saben nadar, pero que prefieren comprar a sus supervisores las libretas de mar para que no pase la prueba de natación. Serán muchos retos y vicios que no se solucionarán únicamente con tecnología sino con una verdadera socialización de lo que representa mantener la seguridad en alta mar y lo más importante: la aceptación de que el medio ambiente agraviado ya empezó a cobrar facturas cada vez más caras.

Y en aguas más someras, la batalla contra los baches parece no tener fin y sin embargo, datos arrojados por el Ayuntamiento de Mérida indican que en mes y medio se ha bacheado el doble de lo que bacheaba la administración pasada en el mismo lapso.

Sin embargo, existe una estadística más preocupante y es que durante el mes de octubre se ha registrado acumulados históricos de lluvias. Todo parece indicar que el Cambio Climático, indudablemente, tanto en alta mar como en tierra, ya ejerce presiones anuales sobre los presupuestos de los gobiernos estatal y municipal. En otras palabras, la naturaleza ya empezó a pasar su factura.