“Ordenan la militarización de aduanas”, dice un título de portada en la edición del más reciente sábado 30 de julio de este matutino. El cabezal les habrá llamado la atención a no pocos lectores, que se habrán preguntado desde cuándo se necesita que los soldados sean los encargados de vigilar la entrada y salida de mercancías nacionales y/o extranjeras. ¿Tan peligroso es ese trabajo? ¿Por qué?

Como saben muchos, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha hecho cargo, en los últimos cinco o seis años, sobre todo, de ejercer el mando en las API (Administración Portuaria Integral) de los puertos del Golfo de México y el Pacífico, incluyendo desde luego a Progreso, sin cuya existencia no se entendería el desarrollo de la economía yucateca.

Hace 6 u 8 años intentamos dar seguimiento a las versiones periodísticas que afirmaban que una familia, con un veterano político a la cabeza, se encargaba de dar la aprobación final (como en las películas de mafiosos) a quienes querían ocupar puestos de jerarquía en el sistema aduanero. La verdad es que poco pudimos agregar a la información que había entonces, pero no sería ilógico que ahora al Ejecutivo le hubiera parecido que era más fácil meter a los militares a manejar las aduanas portuarias y todas las demás oficinas e instalaciones, ya con los funcionarios más altos instalados en el sistema. Ahora Sedena dice que tiene hasta el 5 de diciembre próximo como fecha límite para que todo el personal del sistema sea sustituido por efectivos militares. ¿Qué otras actividades se militarizarán?

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El juez primero de distrito, con sede en Mérida, Adrián Fernando Novelo Pérez, reveló hace poco que le dio a Fonatur un plazo de 3 días para que entregue una copia certificada del decreto que cataloga el proyecto del tren maya como una obra de seguridad nacional.

Si Fonatur no entrega el documento en la fecha que se le pidió (y hasta el momento de escribir estas líneas no lo había hecho), el juez Novelo Pérez dará como consumado el desacato a su orden, y entonces pedirá a la Fiscalía General de la República que integre la carpeta de investigación por el delito previsto en el artículo 162 de la Ley de Amparo… y el proyecto que es considerado una esperanza de desarrollo económico para el Sureste será suspendido de nuevo…

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Observadores de la vida nacional señalan que México nunca había estado, en su historia moderna, en la situación de tener un Presidente de la República que esté peleado, distanciado o expresamente a disgusto con tantos sectores sociales como a los que hoy se enfrenta el señor Andrés López. A estas alturas no podemos descartar que agregue a más grupos a sus flamígeros señalamientos, así que bien pudieran aceptarse apuestas sobre el número de sectores o individuos que estén todavía apoyándolo cuando se realicen las elecciones del 2 de junio de 2024.