Dos noticias muy importantes para la entidad leímos en la portada del pasado viernes de uno de los periódicos más importantes de la ciudad. Por cuestiones de espacio, sólo nos referiremos a una, que informa que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Yucatán concedió la suspensión definitiva de los permisos y autorizaciones que iban a servir para realizar un nuevo proyecto solar fotovoltaico y atendió así una demanda de amparo que presentaron integrantes de las comunidades mayas de San José Tipceh, en el municipio de Muna, y de Plan Chac, del municipio de Sacalum. El proyecto, de inversionistas privados, consistía en instalar un millón 183 mil 500 paneles, con los cuales se generarían 299 megawats de electricidad.

Cuando el tendido de los paneles solares hubiese concluido se habría cubierto de celdas solares una superficie total de nada menos que 674 hectáreas, de las cuales actualmente 603 corresponden a selva mediana, un recurso ya muy gastado en nuestra entidad, en la cual ahora predomina la selva baja.

La cancelación de ese proyecto tiene varias y diversas repercusiones, la primera de las cuales es desde luego que se pone a salvo un valioso recurso vegetal del Estado. Por otro lado, quedan frustradas esperanzas de grupos de campesinos en ambos lugares, que esperaban vender o rentar sus tierras para asegurar un ingreso familiar por muchos años. El fallo quizás también afecte a poco más de 10 proyectos de generación de energía limpia que se habían anunciado para otras partes de la entidad, y que ahora peligran tras el precedente de Ticul, aunque los complejos eólicos no son invasivos de las tierras donde se instalan.

Hasta ahora el fallo contra los proyectos de Ticul ha generado sólo reacciones favorables al Tribunal Colegiado. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), por ejemplo, afirma que las autoridades responsables están obligadas a detener totalmente cualquier obra o actividad relacionada con ese megaproyecto hasta que concluya el juicio. De lo contrario, advierte, se afectarían de manera irreparable los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano y a la consulta previa, libre e informada de las y los peticionarios, según el Cemda.

Es de esperarse que, si se decide en los juzgados la cancelación de dos o tres casos más de proyectos energéticos similares, probablemente nunca más veamos en esta tierra a inversionistas del ramo de la energía –y quizás de muchos otros rubros–, por lo que entonces el Gobierno estatal tendría que duplicar o triplicar sus esfuerzos para atraer a capitalistas que quieran crear empleos en el interior del Estado.

También cabe señalar que no todos los proyectos de generación de energía anunciados para realizarse en Yucatán son del tipo fotovoltaico, que cubren totalmente el suelo y requieren la eliminación de todos los árboles, arbustos y hierbas.