A lo mejor ahora que empieza usted a leer va a creer que voy a mezclar el agua con el aceite, pero no: Las siguientes tres sentencias tienen que ver, y mucho, con la política:

–En política, si las cosas no cambian es porque siguen igual.

–En política, unos salen a tirar... otros tiran a salir y otros salen a que se los tiren.

Esos conceptos y otros más del mismo tipo vinieron a mi mente al revisar los conceptos y declaraciones que estuvieron circulando en los últimos días luego de que el presidente López Obrador se refirió a la autonomía educativa, la libertad de cátedra, que contra viento y marea y a favor de prebendas y dinero en efectivo defienden desde hace varias décadas quienes se encargan de la planeación y trabajo, presente y futuro que realizan las máximas casas de estudio en cada Estado.

Muchas personas creemos que otorgar a las universidades, tecnológicos y cualquiera otra organización de educación superior el derecho a conservar, por encima de cualquier interés personal o de grupo, la atribución de decidir los esquemas, métodos y sistemas que sirvan para impartir una educación de cada vez mayor calidad, que permita producir en cantidades suficientes los bienes y servicios que requiere cualquier Estado del mundo, debe ser considerado un derecho inalienable, intocable y sagrado.

Pero de eso a pedir que las instituciones de nivel superior tengan el derecho eterno e intocable de hacer todo lo que les dé la gana en sus actividades intramuros, hay una perversidad de varios kilómetros. Porque lo que hemos visto hasta ahora y por muchos lados es que la soberanía se confunde con la impunidad, y eso es negativo ética y moralmente.

Que nadie se meta con el derecho a hacer ciencia pura y útil, que nadie quiera influir en los profesores y catedráticos para que piensen y hablen al estilo que les impongan los ricos y gobernantes que manejan el dinero, pero que tampoco se use el argumento de la autonomía para evitar la investigación de homicidios, violaciones y otros tipos de agresiones contra mujeres de los campos de la UNAM, como ya ha pasado. Y que tampoco la soberanía sea el máximo argumento para que un recinto como el teatro “Ho Chi Minh” deje de pertenecer a la nación y sea sólo poco más que el orinal y la habitación de cantina para que algunos “jóvenes eternos” se recuperen de la cruda y del pasón.

Y ya encarrerado el ratón y con el gato hecho camote, habría que exigir que todas las instituciones de educación superior tengan sus cuentas listas, actualizadas y disponibles para cualquier ciudadano mexicano que quiera saber en qué se gasta cada peso que nos quitan a los mexicanos de todo el país para financiar la enseñanza a quienes nos han de sacar adelante algún día. ¿Cuánto nos cuesta entregar debidamente formado a cada profesional en la UNAM? ¿Cuánto nos cuestan las pensiones, servicios médicos privados y demás prestaciones que reciben los directores y exdirectores de esa institución, que al parecer porque es de todos no es de nadie?