El otro día anunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que se investigaría a Enrique Peña Nieto por haber recibido aproximadamente 26 millones de pesos. Aparentemente, a la UIF no le pareció normal que el ex mandatario radicado en España tuviera ingresos tan elevados, por lo que sospecha actividades ilícitas en las que podría estar involucrado el antecesor del actual mandatario mexicano.

Aunque muchos podrían aplaudir esta noticia, no deja de resultar cuestionable en más de un aspecto. En primer lugar, habría que preguntarse el porqué la UIF avisa a la población en general que investigará al ex presidente. Y no, en realidad no es algo de interés nacional o que resulte relevante para la vida pública. La investigación se da presuntamente por actividades actuales de Peña Nieto y no por algo sucedido durante su mandato. Se trata simplemente de conveniencia política: anunciar que se investigará al último presidente priista distrae la atención del público y se ve como una acción del gobierno en contra de la corrupción de los regímenes anteriores.

En segundo lugar, cabría la reflexión sobre la actitud de una parte importante de la población frente a la noticia comentada: sin pruebas y sin siquiera tener avances sustanciales en la investigación, Peña es considerado culpable de corrupción y otros delitos. Para la opinión popular basta el dicho para que Peña sea culpable. Además de que esa postura en sí misma dice mucho de nuestra concepción de un proceso adecuado, podemos observar algo más interesante si jugamos al abogado del diablo; sin que le conste ya hay más de uno que acusa a Peña Nieto, pero cuando se presentan reportajes y trabajos de investigación en contra de los hijos, los hermanos o los amigos del Presidente en turno, entonces todo se trata de un vil complot conservador que busca debilitar y golpear a la 4T. No importan las casas grises, las chocolaterías, los terrenos junto al tren maya, los moches exigidos a los maestros, los autos de lujo o las mansiones. Eso es calumnia, ardor, mentira y golpeteo. Lo que sí es verdad -según dicen ellos- es que todo tiempo pasado (y por ende sus protagonistas) fue peor y hoy esos pecados ya no se cometen más que en la mente de los periodistas “chayoteros” contrarios a la Revolución.

Otro tema interesante y al que le viene bien este ejercicio reflexivo y de ponernos del lado de la contraparte es el que rodea al presidente del PRI, Alejandro Moreno, a quien han exhibido a través de audios en los que supuestamente participa. A muchos mexicanos causa gracia e indigna, incluso, el contenido de los audios, pero hay que decir (y a nadie parece importarle) que estos fueron adquiridos de forma ilícita, cometiéndose un delito al intervenir las comunicaciones privadas de un ciudadano mexicano. Eso sin contar el show mediático a lo Florence Cassez que se armó al “catear” una de sus casas. Lo anterior es más grave si consideramos que quien orquesta esto es la gobernadora de Campeche, quien de hecho debería velar por el orden Constitucional y no romperlo.

Disculpe usted las reflexiones: sólo aprovecho el Día del Abogado para recordarle que, en un sistema democrático, hasta el diablo tiene derecho a uno.