A AMLO y a la 4T no le gusta la figura del amparo y los efectos que de la misma pueden emanar. Tiene hasta un término –mafia amparera- para referirse a los abogados y a los operadores jurídicos que recurren a este medio de control constitucional para defenderse de los actos inconstitucionales de la autoridad. Hay una larga lista de amparos que el Presidente ha criticado públicamente, e incluso, a acusado -o insinuado- que jueces federales incurren en corrupción cuando, conforme a Derecho, conceden una suspensión u otorgan el amparo a los quejosos. De los casos más sonados tenemos a los juicios promovidos en contra de la Ley de Remuneraciones, mediante la que decenas de servidores públicos se protegieron de la medida cuatro teísta que pretendía bajar salarios adquiridos. Hasta el día de hoy se sigue hablando del tema, tanto que López Obrador ya hasta anunció la sección “quién es quién en los sueldos”, donde pretende exponer a los funcionarios que ganan más que él.

A la lista se suman los amparos promovidos en contra de la reforma que pretendía recolectar datos biométricos de los usuarios de telefonía celular, o incluso aquellos que se promovieron a favor de miles de niños y adolescentes que buscaban proteger su salud mediante la vacunación contra el Covid-19 que les era negada, al menos en un principio, por el Estado mexicano. No pocas veces declararon Obrador y Gatell que todo se trataba de golpeteo político o que abogados con intereses mezquinos y patrocinados por Pfizer buscaban lucrar con la enfermedad.

O no podemos olvidar los procesos iniciados en contra de las obras del tren maya, en los que jueces detuvieron en más de una ocasión los avances en la construcción, pues se sospechaban daños al medio ambiente o falta de transparencia en las consultas que debían realizarse a las poblaciones afectadas. De hecho, todavía hay una suspensión sobre la obra del tramo 5 que, hasta donde se sabe, ya reanudó operaciones.

En todos los casos el Presidente y sus más cercanos han mostrado un lamentable desprecio por el medio de control constitucional por excelencia; el único, de hecho, al que tenemos acceso los ciudadanos de a pie. El amparo no sirve para fastidiar al Estado, sino para valorar la constitucionalidad de las acciones de la autoridad y, en su caso, proteger y restituir los derechos que el gobernado cree vulnerados. Para hablar de un orden constitucional y un Estado de Derecho, es necesario hablar también de la importancia que tienen los mecanismos que aseguran el mencionado orden constitucional. De nada sirve repetir en el discurso “nada por la fuerza, todo por la razón y el Derecho”, si cuando se usan las herramientas que dispone la Constitución se acusa corrupción y hasta traición. Vea usted el caso Iberdrola: para que el juez haya podido suspender el pago de la multa millonaria -ojo, no condonar, sino suspender mientras dura el juicio-, primero la empresa tuvo que haber garantizado efectivamente el pago de la misma, por si la sentencia no le favorece. ¿Dónde está la corrupción? Sin embargo, el discurso con que se alimenta al un sector grande de la población, es que el Estado de Derecho nace solamente del designio presidencial.