La semana pasada hablábamos de lo incómodo que se había vuelto el Juicio de Amparo para el Presidente de la República, principalmente porque gracias a ese medio de control constitucional se habían detenido reformas y obras insignias del Gobierno Federal. Esta semana empezó con la noticia de que un Juez Federal de Mérida “ratificó” la Suspensión en contra del tren maya. Gracias a esta resolución se refuerza la orden judicial que mandata que no se pueden reanudar las obras del tramo 5, ubicadas en el estado de Quintana Roo, aún con todo y el famoso acuerdo que volvía al tren en una obra de “Seguridad Nacional”.

Por estas y otras razones platicadas en esta columna, fue presentada por la bancada morenista una iniciativa que pretende reformar la Ley de Amparo en su artículo 128, prohibiendo a los jueces conceder la suspensión cuando algún ciudadano o grupo presente un amparo en contra de alguna obra o proyecto del gobierno que se considere de “Seguridad Nacional”. Con esta adición a la Ley pretenden los seguidores presidenciales debilitar la figura del amparo y detener a los jueces que, con apego en la Ley, frenan arbitrariedades de la autoridad que de una u otra forma vulneran derechos humanos. Si el Amparo estorba, se reforma. Así al menos parece que piensan quienes no entienden de Estado de Derecho y sí de mandatos presidenciales. Pocas cosas rememoran tanto al famoso “el Estado soy yo” de Luis XIV, como un gobierno que pretende erosionar a los mecanismos cuya función es garantizar el orden constitucional y el respeto a la Carta Magna.

De todos modos hay una esperanza: tan poco analíticos resultan los legisladores oficialistas y sus asesores, que dejaron la puerta abierta a los jueces. El artículo 129 de la Ley de Amparo, tal y como está ahorita, señala que en situaciones extraordinarias, el Juez podrá de todos modos conceder la suspensión si lo considerase necesario. Es decir, que aún con la prohibición de que se otorgue la suspensión en contra de obras estratégicas y de seguridad nacional, los juzgadores federales podrán detenerlas cuando lo consideren necesario.

No cabe duda de que el golpeteo presidencial seguirá con todo: en este sexenio la voluntad del mandatario es la única y verdadera Ley. Un ejemplo claro -otro más- se vio en la mañanera de este lunes, cuando el titular de la Profeco -¿por qué él?- desplegó un listado exhibiendo a los funcionarios que ganan más que el presidente, y recalcando que muchos de ellos están amparados y que por ello incumplen con la Constitución. Vaya, pues, el mundo al revés. Ahora resulta que acudir a la justicia federal para proteger los derechos constitucionales es inconstitucional. Una vez más se criminaliza y estigmatiza a todo lo que vaya en contra de los deseos presidenciales, aún cuando se trate de la propia Constitución y su legislación secundaria. Aunque sí sería complicado, no vería descabellado que el máximo anhelo oficialista sea quitar el freno de mano jurídico que les impide cumplir con sus objetivos, por más ilegales que estos sean.