Una vez superada la etapa política para que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028 (cuatro años más de lo que AMLO había prometido), el Presidente de la República va ahora por la Reforma Electoral de la que hablamos desde abril y junio pasados. Y es que antes no contaba el oficialismo con la seguridad ni la fuerza suficiente para lograr que una reforma de tal calado fuera aprobada por la mayoría calificada de ambas Cámaras. Sin embargo, a raíz del golpe de timón “sorpresivo” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la votación de la militarización de la seguridad pública, Gobierno y opositores creen posible que el escenario se repita y se cambien las reglas electorales del país de cara a los comicios del 2024. Por cierto, los tres senadores que tiene Yucatán votaron a favor de la permanencia del Ejército en las calles.

Pero, ¿de qué trata en sí está Reforma Electoral que preocupa a la oposición y a un no despreciable número de ciudadanos? De forma general, podríamos decir que esta reforma busca cambiar radicalmente la estructura del INE, pretendiendo que quienes integran el Consejo General sean electos por la ciudadanía a través de la votación directa, Por supuesto, los candidatos serán propuestos en su mayoría por la fuerza política que controla la presidencia y las Cámaras. Esta elección a modo, en donde no importa quiénes ganen pues todos tendrán alguna relación con el poder, pone en peligro la ya de por sí golpeada imagen del INE, a la vez que no asegura la imparcialidad y la equidad que debe existir en un Órgano Constitucional Autónomo. Por si fuera poco, la reforma buscará también modificar los mecanismos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional que se encarga de validar las elecciones para Presidente de la República, pues se pretende que sus Magistrados también sean electos por voto popular.

No me malinterprete, estimado lector: la democracia participativa no es mala, pero existe una delgada línea entre democracia y populismo-simulación-demagogia. En el primer caso, ciudadanos informados deciden sobre aspectos relevantes de la vida pública; en el segundo (tal y como pasó con la supuesta consulta de Santa Lucía, el tren maya y Dos Bocas) sólo se simula un ejercicio democrático que en sí mismo tiene vicios de origen y no reflejan una voluntad nacional. Hay puestos que, por el grado de especialización técnica que requieren, deben ser ocupados según aptitudes y no por popularidad política. ¿O se imagina usted que el cirujano que fuera a operarlo fuera electo por su carisma y no por su capacidad? ¿Se sentiría usted seguro? De la misma forma, cuando se trata de aplicar normas -y sobre todo normas técnicas- uno esperaría que lo hiciera quien tiene las habilidades, y no quien fue propuesto al calor de la popularidad.

Entre si son peras o manzanas, lo cierto es que el oficialismo ha demostrado que puede aprobar una reforma que se pensaba imposible de lograr. ¿Podrá hacerlo con la electoral? Por increíble que parezca, todo dependerá -como antaño- del PRI.