Según Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, desde que la ministra Norma Lucía Piña ocupa el cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia hay más actos que el oficialismo considera “ilegales”. Y es que parece que el Jefe del Ejecutivo Federal no quedó conforme con la designación de Piña, toda vez que era patente su interés en que Yasmín Esquivel Mossa ocupara la presidencia de la Corte. A López Obrador no le ha gustado el sentido de muchos de los votos de la ministra Norma Lucía, como aquel en que se posicionó en contra de la militarización, de la prisión preventiva oficiosa, el que reconoce el derecho a las mujeres a la libre elección sobre sus cuerpos (la interrupción legal del embarazo), entre muchos otros. Ya con una Fiscalía General de la República a su disposición y un Congreso que lo respalda, a AMLO sólo le falta tener una posición importante dentro del Poder Judicial Federal. Después de todo, es este Poder de la Unión el que tiene la capacidad de detener las políticas públicas y los proyectos del Gobierno Federal que, en más de una ocasión, han demostrado pasar por encima de la Constitución Política.

Por un lado, López Obrador embiste una vez más en contra del Máximo Tribunal Constitucional, pero por el otro, defiende a la Ministra a quien se ha comprobado plagio; Ministra que, por cierto, él colocó en el Pleno de la Corte. Y es que ahora que se viene la recta final del Gobierno cuatroteísta -al menos el directa y formalmente encabezado por AMLO- urge que el oficialismo refuerce sus posiciones y saque adelante sus proyectos, incluso aquellos que resultan contrarios a la Norma Suprema. Ya hemos hablado de cómo a través de acciones de inconstitucionalidad y amparos se han detenido obras contrarias a la Constitución como tramos enteros del tren maya, políticas públicas como su campaña de vacunación que abiertamente discriminó a millones de menores de edad, y próximamente podría sufrir un revés en cuanto a su política electoral, pues tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el de la Revolución Democrática (PRD) ya promovieron la acción de inconstitucionalidad en contra del llamado “Plan B” que pretende mermar la autonomía del Instituto Nacional Electoral, disminuyendo además los recursos que necesita para operar las dos elecciones de gran relevancia que tendrán lugar este año y que representan puntos clave para el 2024: Coahuila y Edomex.

Que hablando del Estado de México, por cierto, resulta curioso ver cómo tanto AMLO como el oficialismo arremeten una y otra vez en contra de sus opositores, sobre todo por aparentes actos de corrupción y fraudes electorales, pero impulsan y promueven la candidatura de la ex Secretaria de Educación para la gubernatura de la entidad mexiquense, servidora pública que fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por obligar y presionar a los maestros para que “donaran” parte de su salario a las campañas cuatro teístas. Pasaron charola, pues; un hábito muy común -al parecer- entre quienes franciscanamente, con vocación monacal, gritan rehuir del dinero y los placeres mundanos.

Precisamente por ello, al oficialismo no le agrada la división de poderes, o al menos ese ha sido su discurso desde el 2018. Hay unas piedritas en el zapato -piedras conservadoras, según dicen- que impiden la verdadera transformación. Como siempre, la culpa de que no se consume la Revolución siempre vendrá de los otros. Muy estalinista el asunto