El discurso de la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, fue una declaración directa al Gobierno Federal encabezado por el presidente López Obrador. En el marco de los ciento seis años de la promulgación de la Constitución Federal, esa que juran guardar y hacer guardar los servidores públicos (como lo hizo AMLO) cuando protesta el cargo, la Ministra Presidenta tocó dos puntos fundamentales durante su intervención: la defensa de la Constitución y la autonomía del Poder Judicial Federal.

Y es que durante todo lo que va de su mandato, López Obrador ha mantenido una pugna permanente con la Judicatura Federal, sobre todo por las resoluciones judiciales que han frenado o retardado algunos de sus proyectos o políticas públicas, o de plano por considerar que la función jurisdiccional debe estar supeditada a lo que él considera que es la voluntad popular y el bienestar del pueblo. Incluso a llegado a atacar a varios Ministros de la Corte -entre ellos a la actual Presidenta- por considerarlos remanentes de la época neoliberal y no apoyar al cuatroteísmo que encabezan él y el partido en el poder, Morena.

A veces al Presidente parece incomodarle que el Poder Judicial sea un Poder Constituido igual de relevante y con la misma categoría jurídica y política que el Poder Ejecutivo, es decir, que él mismo. Le molesta que -según él- el Poder Judicial haya tenido buenas relaciones con el viejo régimen, pero que a él no le digan que sí a todo. No por nada ha intentado reformar al Poder Judicial en más de una ocasión, pretendiendo quitarle su labor de intérprete máximo de la Constitución, y relegándolo a una función meramente jurisdiccional y de última instancia.

Por ello resulta en extremo relevante que en un país donde todos los días se usa el púlpito presidencial para mellar en la imagen de otro de los Poderes fundacionales de la República, la Ministra Presidente de la Corte le diga cara a cara al Jefe del Ejecutivo que, le guste o no, la Judicatura Federal y el Máximo Tribunal mexicano están para defender la Constitución, y no para impulsar o ceder ante las intenciones de una sola persona. Al final, como diría Arnaldo Córdova, la Constitución es el pacto social del pueblo mexicano que vierte en ella sus principios y acuerdos políticos, que, entre otras cosas, funda la República en que vivimos. Minar las instituciones, mellar la fortaleza de los Poderes Constituidos y fortalecer la imagen de un solo individuo, es totalmente contrario a los ideales democráticos de una nación con una Constitución tan de vanguardia como la mexicana. En donde hay democracia y República se enaltece a las instituciones, no a quienes las encabezan.

Pocas cosas le gustarían tanto al oficialismo mexicano como promulgar una nueva Constitución. No sólo por el ideal romántico y pantomímico que supondría elaborar una Constitución Política cuatroteísta, sino porque la actual evidentemente les estorba. Y les estorba tanto que incluso han pasado por sobre de ella. Curioso que a un movimiento que se presuma de izquierda le incomode una Constitución que, si bien puede ser perfeccionada, ha sido históricamente punta de lanza del progresismo y los derechos sociales a nivel mundial.