Si la marcha ciudadana del pasado domingo no causara al menos escozor en el Gobierno, ni el Presidente ni sus partidarios estarían tan preocupados por demeritar y desprestigiar la movilización que reunió en las calles a cientos de miles de personas. El Zócalo de la Ciudad de México estuvo lleno y cuando menos otras treinta y nueve ciudades alrededor del mundo mostraron su apoyo a la manifestación para defender el aparato democrático; Mérida entre ellas.

Desde los medios oficiales y patrocinados, el oficialismo ha golpeado una y otra vez las muestras de descontento popular: pretende anular las manifestaciones señalando que algunos personajes con oscuro pasado asistieron. Que si los dirigentes del PAN, que si Elba Esther, que si Claudio X. Innegablemente hay oportunistas en este tipo de protestas (especialmente por parte de los partidos de oposición que, desordenada y sin un proyecto para ofrecer a los mexicanos, busca colgarse de cualquier cosa), pero tanto Andrés Manuel como el partido oficialista parecen olvidar la Magna conversión cuasi religiosa de muchos de sus agremiados, quienes tienen un pasado igual o hasta más cuestionable en temas políticos, y que hoy engrosan los puestos de Gobierno y a la militancia. Difícil olvidar a diputados y senadores otrora del PRI, PAN, Verde y compañía, y que hoy son los más grandes defensores del cuatroteísmo. Algunos simplemente se cambiaron de bancada, otros son delegados o titulares de empresas del Estado. Vaya, hasta embajadas y consulados les dan, aún cuando no tengan dominio de las artes diplomáticas y el Derecho Internacional.

Olvida también el oficialismo cómo él mismo acarreaba a miles y miles de personas hacia las marchas del Zócalo, pagando transporte, hoteles y comidas. Es, cuando menos, risible que hoy acusen acarreo a quienes no están de acuerdo con las reformas gubernamentales.

El “Plan B” ya se aprobó: los legisladores acabaron con lo que les tocaba y se envía ahora la iniciativa al Presidente de la República para su promulgación y entrada en vigor. Lo que queda ahora es la lucha jurídica, la contienda en los Tribunales, sobre todo las que seguramente llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las Acciones de Inconstitucionalidad que se promuevan y que busquen anular la reforma por, precisamente, ser contraria a la Constitución. Veremos cómo resuelve el Poder Judicial Federal, el único de los tres que parece no responder directamente a las instrucciones que salen de Palacio Nacional. Quizás es esa la razón de los constantes ataques que ha sufrido el Máximo Tribunal Constitucional de nuestro país recientemente a manos del Jefe del Ejecutivo. Veremos, por cierto, cómo vota (si no es que por dignidad renuncia pronto) la Ministra Yasmín Esquivel, señalada no sólo por el plagio de su tesis de licenciatura, sino apenas este fin de semana también por plagiar casi el 50% de su tesis de doctorado.

Al fin y al cabo sólo se necesita 90% de honestidad y 10% de capacidad para el servicio público, ¿no?