La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó ayer lunes la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las LGCS y LGRA, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 2022, al menos en lo que se considera la segunda parte del “Plan B” de López Obrador para modificar la mecánica y estructura del INE. Recordemos que, hace unos meses, el Ejecutivo Federal envío una iniciativa al Congreso que fue duramente criticada por parte de la sociedad civil, pues se consideró que trastocaba elementos importantes del Órgano Constitucional Autónomo encargado de organizar y vigilar las elecciones en el país, así como garantizar el cumplimiento de las reglas electorales por los diferentes actores políticos.

Entre los argumentos que los partidos políticos como el de la Revolución Democrática, el Acción Nacional y el Revolucionario Institucional utilizaron para reclamar la inconstitucionalidad del Decreto (es decir, que va en contra de la Constitución), resalta el que cuestiona la velocidad con que fue aprobado el famoso “Plan B”. De hecho, el Ministro Luis María Aguilar comentó al respecto que “el conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud, que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría una perversión de las reglas democráticas”. No muy alejado de eso estuvo también el Ministro Arturo Zaldívar al considerar que “sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron grandemente, y de manera determinante, la deliberación democrática” del “Plan B” en el Congreso.

Es decir, la propia obsesión del partido oficialista por aprobar sí o sí una reforma legal (porque para la Constitucional no le alcanzan los números) que complaciera al Presidente, terminó por ser la clave para echar para atrás el proyecto enviado desde Palacio Nacional. Al respecto, es imposible no pensar en la veintena de reformas que se aprobaron al vapor hace menos de quince días por Senadores oficialistas (algunos yucatecos entre ellos, por cierto), quienes incluso llevaron a cabo la sesión en sede alterna al Senado. ¿Será que los mismos argumentos que hoy frenan al “Plan B” puedan, si se interpone el recurso respectivo, dar marcha atrás a las reformas fast track que aprobaron algunos senadores? Habrá que ver el pronunciamiento de la Corte en el momento oportuno, pero considero que es posible.

Por lo pronto, la declaración de invalidez que se logró con nueve votos a favor y dos en contra (Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf), versa sobre la propaganda gubernamental y sus implicaciones. Es decir, dos partes de las seis que compone el “Plan B”. Habrá que ver cómo acaba esta historia para quienes creen que el Proceso Legislativo es como hacer enchiladas.

No sorprende que ya hayan empezado las acusaciones: Adán Augusto, secretario de Gobernación, ya acusó que los Ministros sirven a intereses privados tras esta resolución. O estás con nosotros o en nuestra contra, aprobará la mayoría parlamentaria inscribir con letras de oro en el Congreso.