En días pasados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó los datos de los estudios y análisis realizados con información recabada entre 2020 y 2022. Algunos rubros de estas estadísticas dan buenas noticias para México: 8.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza; de 55.7 millones de personas viviendo en pobreza, para 2022 sólo se registraron 46.8 millones. En términos porcentuales, México bajó del más del 40% de su población viviendo en pobreza, siendo que ahora el porcentaje poblacional que se ubica en esa situación es del 36.3%.

Esta es una muy buena noticia para los mexicanos, pues se demuestra que la estrategia de programas sociales da, en cierto sentido, resultados palpables. Al fin y al cabo son esos programas los que en parte nutren la información del Coneval. El aumento del salario mínimo, las pensiones a adultos mayores, el de jóvenes construyendo el futuro y otros similares han incrementado los ingresos de la población, subiendo los indicadores en materia de pobreza.

Pero esa es la clave del reporte del Coneval: en México, el estado socioeconómico y la situación de pobreza o no pobreza se mide por el ingreso de las personas. Contrario al incremento de los ingresos, el Coneval también reportó que de 2020 a 2022, los mexicanos sin acceso a servicios de salud públicos pasaron de 35.7 millones a 50.4 millones. Es decir, lejos de contar con un sistema de salud como el de Dinamarca, casi 15 millones de personas menos pueden contar con asistencia médica por proporcionada por el Estado. Asimismo, la población sin beneficios de seguridad social pasó de 60 millones a 64.7 millones de mexicanos. En cuanto al rezago educativo, se pasó de 24.4 a 25.1 millones de personas con este problema.

Entonces, ¿realmente las personas salieron de la pobreza? Si tomamos en cuenta los indicadores del Coneval que miden el ingreso, 8.9 millones más de mexicanos ganan monetariamente lo suficiente para -de nuevo, monetariamente- no ser considerados pobres. ¿Pero el aumento al salario mínimo y los programas sociales verdaderamente pueden hacer frente a la falta de acceso a la salud y a la educación deficiente? Difícil pensar en que, con todo y esos incrementos, una persona de las que perdieron seguridad social, acceso a la salud pública, y una educación de calidad, puedan hacer frente a una enfermedad o contingencia médica, pagar una escuela de calidad y además adquirir los productos de primera necesidad (que la inflación, por cierto, en el periodo evaluado por el Coneval fue del 18.82%). Y eso sin contar otros gastos inesperados, e incluso los gastos en cultura, esparcimiento, y otros rubros que también componen el espectro humano y a los que todos deben tener acceso.

Habría que analizar si es mejor tener un ingreso más alto, pero sin acceso a servicios públicos (y no hablamos de servicios de calidad, sino que tan siquiera haya acceso a ellos), o tener un ingreso bajo, pero con las necesidades perfectamente cubiertas, no teniendo la necesidad de gastar en ellas. Elegir lo primero, por cierto, podría resultar bastante neoliberal, pues el Estado abandona sus obligaciones básicas y las pasa a la esfera privada.

¡Qué bueno que más personas tienen mejores ingresos! Hay que analizar si eso realmente acaba con la pobreza. ¿El objetivo de los programas sociales es ser eternos? ¿Estamos dispuestos a incrementar impuestos para mantener los programas? Merece todo ello un debate.