El pasado 1 de septiembre, tal y como marca el texto Constitucional, Andrés Manuel López Obrador dio su quinto Informe de Gobierno, restándole sólo el del 2024 para comunicar si pudo o no cumplir con lo prometido durante tantos años de campaña. El problema con López Obrador es que la campaña a la que nos referimos no terminó con su triunfo electoral del año 2018, sino que ha sido un fenómeno continuo que sobrevive hasta nuestros días.

Tanto del Informe de Gobierno como de los spots publicitarios se desprenden, todavía, promesas de Andrés Manuel a los mexicanos. La más conocida, por supuesto, es aquella en que asegura que antes de terminar su mandato tendremos un sistema de seguridad mejor que el de Dinamarca. Ya hemos repasado en otras columnas esta promesa: primero con el fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar, mismo que prometía brindar servicios médicos de forma universal y gratuita y que apenas sobrevivió a la pandemia, pues al día de hoy ya ni siquiera existe, retrocediendo incluso a un nivel por debajo del criticado seguro popular. Se dijo que para marzo de 2023 ya seríamos potencia sanitaria, y ahora habrá que esperar al último segundo de septiembre de 2024 para ver transformados los hospitales públicos y clínicas rurales en verdaderos centros de salud de última generación, con equipos de vanguardia y todos los medicamentos disponibles, tal cual sucede en el país europeo en el que muy seguramente los elevadores no fallan por falta de mantenimiento.

De hecho, y como también hemos mencionado durante el sexenio de Andrés Manuel ha aumentado dramáticamente el porcentaje de mexicanos que de plano no tiene acceso a servicios médicos, por lo que no sólo no se dinamarquizó la sanidad mexicana, sino que nos hundimos en una crisis de acceso a la salud importante.

Tampoco la refinaría de Dos Bocas ha logrado refinar un mililitro de petróleo para dar gasolina a los mexicanos. Por el contrario; cada vez la gasolina sube más para los consumidores, lo que, además de reflejarse en sus bolsillos, impacta negativamente en los precios de la canasta básica. Eso sin contar que la gasolina presenta un precio irreal, pues depende del subsidio que el Gobierno aprueba y que, por supuesto, proviene de nuestros impuestos.

La mitad del informe de AMLO está compuesta de promesas por cumplir, y la otra mitad es un refrito de logros de los primeros dos o tres años de Gobierno en el que se ha ampliado el padrón de beneficiarios de programas sociales. Algunos de estos programas no son por sí mismos negativos (como el apoyo a adultos mayores), pero carecen de estadísticas y datos que permitan evaluar su impacto social. Decir que las personas tienen más ingresos no refleja ni evidencia los alcances de los programas sociales aplicados, ni de los recursos destinados a ellos.

Además, los programas sociales tienen actualmente un diseño que crea una dependencia absoluta con el Gobierno y que no erradica realmente la pobreza, sino que la disfraza mientras los recursos se dispersen. Nadie quiere hablar del tema, pero ciertamente se tendrán que aumentar los impuestos y agudizar las cargas fiscales si queremos mantener esos programas, sobre todo con una población mexicana que en unos veinte o treinta años habrá envejecido en un porcentaje importante, por lo que las arcas del Estado verán sus recursos amarrados a este tipo de apoyos.