Poco más del 20% del dinero que el Gobierno Federal espera gastar en 2024 provendrá de deuda; al menos eso indica el “Paquete Fiscal” enviado al Poder Legislativo para su revisión y aprobación. Es decir, de los más de 9 billones de pesos con los que pretende disponer el Estado para el próximo ejercicio fiscal, casi 1.9 billones provendrán de financiamiento. Si todo el presupuesto lo representáramos con 100 pesos, la deuda que busca autorizarse sería de alrededor de 21 pesos.

¿Es mala la deuda? Por sí misma, no. En determinadas circunstancias la deuda puede servir para financiar el desarrollo social y económico de un país, o para hacer frente a crisis y catástrofes. En el caso de México, la deuda está siendo necesaria fundamentalmente para dos cosas: 1). Subsidiar la deuda de empresas estatales como Pemex, cuyo boquete económico cada día aumenta su tamaño, y 2). Financiar los programas sociales del Presidente, mismos que mes con mes aumentan su padrón de beneficiarios.

Ya hemos hablado de que la gran desventaja de los programas sociales actuales es que no cuentan con fecha de caducidad. Verá usted, para que un programa social sea verdaderamente efectivo requiere que las personas ya no necesiten de él en un punto determinado o esperado. La función primordial de un programa social debería ser que las personas superen las condiciones desiguales y de carencia en las que se encuentran, ya no requiriendo recursos que podrían destinarse a nuevas personas en esa situación o a desarrollar otros derechos, como el acceso a la salud, a la vivienda, y a una educación de calidad. No es el caso de los programas sociales del cuatro teísmo, pues al elevarse a rango constitucional estos programas se vuelven un derecho “universal” que no distingue entre necesidades y condiciones específicas. Salvo el caso del apoyo a adultos mayores y personas con discapacidad, los demás apoyos deberían priorizar la desigualdad y no el simple hecho de existir o encontrarse en un grupo etario.

Así las cosas, tanto el mal manejo de las finanzas de Pemex como el enorme gasto que representan los programas sociales, debiera solucionarse el déficit presupuestario de dos formas: a) aumentando los impuestos, o b) reestructurando y redefiniendo los impuestos existentes. La primera opción es impopular, pero sería la más adecuada si el Estado garantizara un aprovechamiento real de los recursos que aportan los contribuyentes. Sabemos que no es el caso. México no es de los países que más impuestos pagan, pero los servicios públicos reflejan incluso una recaudación menor a la que existe. El segundo punto, por el contrario, implicaría disminuir, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, y diferenciar el IVA como se hacía antes de la actual tasa general del 16%. Ninguna de las dos parece ser una opción para el Poder Ejecutivo, quien en aras de mantener su preciado logro del segundo lugar en popularidad mundial, prefiere adquirir deuda y ahogar a los contribuyentes con reglas fiscales complejas, antes que hacer lo que tendría que hacer. Racionalmente, un Presidente tendría que inclinarse por lo adecuado antes que por lo popular, pero políticamente -y sobre todo en tiempos como estos- se demuestra que es todo lo contrario.