Para estas alturas del próximo año, Andrés Manuel López Obrador ya no será presidente de la República. Gracias a la reforma constitucional que así lo dispone, el o la próxima presidente de México tomará posesión del cargo el primero de octubre, en lugar de aquel primero de diciembre acostumbrado. A un año de terminar su gobierno, López Obrador deja claroscuros y muchas opiniones divididas.

Por un lado, es innegable que en términos puramente monetarios se aumentó el ingreso de un porcentaje importante de la población, permitiendo que más personas tengan la posibilidad de incrementar sus gastos y acceder a productos y servicios que antes les eran negados. Según el Coneval, de hecho, esto supone una reducción de la pobreza. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que la pobreza en México se mide según el ingreso y no según el Índice de Desarrollo Humano o la satisfacción de carencias sociales. Ejemplo de ello es que, mientras incrementó el ingreso, cientos de miles de personas han perdido el acceso a los servicios de salud públicos y a servicios educativos. Es decir, no pueden ir a consultar gratuitamente ante una enfermedad y no pueden ir a la escuela.

También es cierto que se está atendiendo a poblaciones vulnerables, como los adultos mayores y personas con discapacidad que ahora reciben una pensión gracias a que estos programas sociales se han elevado a rango constitucional. Sin embargo, a cambio de esos programas se ha hecho mella en el presupuesto federal y se están destinando menos recursos a otros sectores igualmente esenciales. AMLO además ha preferido no realizar una reforma tributaria que no sólo recaude más ahogando a los contribuyentes menores -cosa que ya se hace-, sino que aumente los impuestos de manera proporcional y equitativa, permitiendo un aumento en los ingresos del Estado que le permita cumplir a cabalidad con sus obligaciones. López Obrador mantiene una popularidad por encima del 60%, pero pone en peligro la estabilidad del sistema tributario nacional y del presupuesto de la federación, lo que inequívocamente impactará negativamente en los presupuestos estatales y municipales que dependen en gran medida de las participaciones federales.

Además, el saldo es francamente negativo en muchos aspectos: durante el sexenio de Andrés Manuel no se ha logrado contener la violencia generada por el crimen organizado (y que perpetuamente será para morena culpa de Calderón), y el Estado de Derecho se ha debilitado con el enfrentamiento permanente del Ejecutivo con el Poder Judicial, condicionando de facto la actuación de los jueces ante asuntos en los que tiene especial interés el Gobierno Federal. Por si fuera poco, AMLO ha desacatado resoluciones judiciales abusando del fuero especial que ostenta como Presidente de la República y ha vulnerado la Ley al, por ejemplo, realizar una campaña permanente a favor de las figuras de su partido político, a la par que ataca, un día sí y al otro también, a los que él considera que son sus detractores.

Un año le queda al Gobierno primigenio del cuatroteísmo, mismo en el que -según considera el autor de estas líneas- Obrador tendrá su actitud más radical mientras ve su poder personal abandonar su figura y acrecentarse en la de Claudia Sheinbaum, incondicional soldado del Jefe Máximo de lo que equivocadamente llaman “revolución”