Hay dos razones por las que López Obrador fue tras los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF): la primera, porque necesita una cantidad extraordinaria de recursos para sostener sus acciones de Gobierno, incluyendo los programas sociales. La segunda, que ha empezado el plan de sometimiento del PJF, o lo que él llama orgullosamente el “Plan C”.

Al Gobierno cuatroteísta no le están dando los números. Basta ver los sobrecostos del AIFA y Dos Bocas, para entender el déficit financiero que se presenta año con año. Del AIFA se tuvieron que pagar las penas convencionales por cancelación de contratos del que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, independientemente del costo mismo del Felipe Ángeles. Dos Bocas, por otro lado, iba a costar 6 mil millones y ya va para los 18 mil millones de dólares sin haber refinado un mililitro de petróleo para usarse como gasolina. A estas megaobras hay que sumarles el tren maya que engrosará el boquete de las finanzas públicas. Tampoco podemos olvidar los miles de millones de pesos que se usan en programas sociales que no tienen un criterio específico y que se entregan de forma universal e indiscriminada a un padrón de beneficiarios que cada año va en aumento. Como lo comentábamos, sin una reforma fiscal que aumente los impuestos o que cambie las proporciones de los conceptos gravados o que de plano reestructure el sistema tributario federal, dependeremos cada vez más de “jalar” dinero de otros rubros o de préstamos, hasta que de plano el sistema ya no dé para más. En este sentido, el Ejecutivo argumenta que el PJF tiene lujos y privilegios excesivos. Lo dice aquel que vive en un Palacio sin pagar renta, ni luz, agua, gasolina, transporte o comidas. ¿Por qué con él son prestaciones inherentes al cargo, y con los demás son privilegios? Constitucionalmente, los Ministros están jerárquicamente a la par del Presidente de la República. Además, lo que el Ejecutivo no dice es que esos fideicomisos no son para pagar privilegios, sino para poder cubrir las prestaciones laborales de los trabajadores del PJF que, al fin y al cabo, han conquistado esas prestaciones como los demás trabajadores organizados del país.

En cuanto a la segunda razón, a AMLO no le ha gustado que la Corte, los Tribunales Colegiados o los Juzgados de Distrito, hayan fallado algunas veces en contra de las acciones e imposiciones de Gobierno. Está demostrado sobradamente el razonamiento jurídico de los órganos jurisdiccionales en las sentencias que emiten, pero para López Obrador se trata de estar a favor o en contra de su transformación, aunque haya que ir en contra de la Constitución misma. A través de su mañanera, sus cercanos, y otros medios, el Presidente ha tergiversado la actuación de los jueces, magistrados y ministros, y ha presentado una interpretación sesgada de sus resoluciones. Por eso acusa que se “conceden amparos” o se “deja en libertad” a individuos, como si se tratara de una cuestión política o de corrupción y no una cuestión de legalidad o constitucionalidad.

Aquí no se está interpretando nada: AMLO ha dicho que planea reformar al Poder Judicial Federal, por uno más acorde a su proceso transformador. Es decir, por un Poder Judicial a modo. La desaparición de fideicomisos es el primer paso. Si obtienen los números necesarios en 2024, van por la remoción de Ministros, limitar a la Corte en sus facultades e imponer a sus incondicionales. Se olvida que el PJF es, precisamente, un Poder del Estado como el Ejecutivo o el Legislativo.