En estos momentos, los trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) están en un paro de labores de unos cuatro días hábiles. Como lo comentábamos la semana pasada, esto se debe a la extinción de 13 fideicomisos del PJF destinados a cumplir obligaciones entre el Consejo de la Judicatura y los trabajadores.

AMLO acusa que esos fideicomisos se usan para sostener privilegios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: nada más lejos de la realidad. Los fondos de los que el Ejecutivo quiere adueñarse con ayuda del Legislativo se componen con descuentos y aportaciones de los propios trabajadores, así como de aportaciones presupuestales del propio Poder encargado de la impartición de justicia a nivel federal. Sorprende el discurso, por cierto, cuando esos mismos fideicomisos existen en la Comisión Federal de Electricidad y sus mandos altos y medios, o entre Pemex y su jerarquía equivalente. De hecho, los mandos altos de la CFE tienen verdaderas prestaciones como apoyo para diversos inmuebles o la exención del pago de la luz eléctrica que a los consumidores nos cobran a un precio nada bajo. ¿Y alguien podría considerar ilegal esas potestades de los trabajadores de la Comisión? No, simple y llanamente porque forman parte de los acuerdos entre la Empresa Productiva del Estado y parte de su personal. Así, los trabajadores del Poder Judicial firmaron, a través de su sindicato, unas condiciones generales de trabajo con el Consejo de la Judicatura, presidido en su momento por el aún Ministro Arturo Zaldívar, a quien AMLO ha reconocido como aliado y “excepción a la regla” de Ministros conservadores (según el Presidente, claro).

¿Por qué el Ejecutivo y el Legislativo no protestaron, entonces, cuando se integraron esas condiciones laborales? ¿Por qué no se peleó por desaparecer los fideicomisos durante los presupuestos para los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023? ¿Cuál es la diferencia ahora, si el recurso ha estado ahí siempre? Varios analistas sostienen que AMLO busca utilizar este discurso para apalancar a sus candidatos oficialistas en 2024. Quien escribe estas líneas sostiene, además, que se trata de un ataque premeditado al PJF con miras a una reforma acomodaticia durante la próxima legislatura. Desde 2018 el cuatroteísmo revolucionario ha tenido los números suficientes para desaparecer los fideicomisos, pero parece que apenas se enteran de su existencia a pesar de que constantemente son supervisados por la Auditoría Superior de la Federación.

No es sorpresa que López Obrador desprecie a los impartidores de justicia federales. El mismo que piensa que extraer petróleo es igual de fácil que meter un tubo en la tierra y absorberlo como popote, es el mismo que cree que la labor judicial en los juzgados y tribunales es igual de fácil que pararse a hablar dos o tres horas de lunes a viernes denostando a sus adversarios con dinero público. Quien cree que el servicio público requiere 90% honestidad y 10% de capacidad no puede comprender el nivel técnico que se requiere para elaborar un proyecto de sentencia o dirimir un asunto. La discusión es, en realidad, que el PJF no se ha cuadrado a los deseos presidenciales.

Por cierto; se han creado nuevos fideicomisos en estos días y nadie sabe qué ha pasado con el dinero de los que se han desaparecido esta administración. Probablemente ya se gastó en programas sociales. No faltará quien lo celebre, pero ¿y cuando se acabe también el recurso de los fideicomisos del PJF, de dónde recortarán ahora para los programas del Presidente?