México tiene un atraso legislativo importante, en el sentido de que hay muchos temas pendientes dejados de lado -o puestos en la “congeladora legislativa”- por diputados y senadores, y que inexplicablemente no se han aprobado. Digo inexplicablemente, porque desde 2018 el oficialismo y sus aliados tienen el control mayoritario de ambas Cámaras y está en la posibilidad de aprobar básicamente cualquier cosa. A diferencia de las reformas a la Constitución, las Leyes y demás normas sólo requieren de la mayoría simple de legisladores para ser creadas o modificadas.

Entre muchos temas que podrían resolverse si se tuviera la voluntad política de hacerlo, destaca el de la mariguana y su regulación en territorio nacional. Recordará el lector que hace unos años hubo una efervescencia que derivó, supuestamente, en la despenalización del consumo de cannabis y el cambio en determinados candados impuestos en la Ley General de Salud. Incluso hubo un fallo de la Corte que ordenó al Poder Legislativo a regular en su totalidad el asunto. Sin embargo, años después podemos ver que la mariguana sigue siendo un tema tabú para diputados y senadores que, contrario al espíritu liberal de las sentencias a favor del consumo de la mariguana que han emitido los tribunales, han optado por pedir requisitos excesivos y ultra especializados a las empresas que quieran incursionar en la industria cannábica.

Brasil cerrará este año con un mercado relacionado con la mariguana que habrá arrojado casi 200 millones de dólares en ventas. El país sudamericano ha entendido que esa industria existió, existe y existirá aunque el Estado no la regule, y optó mejor por establecer reglas que le permitan disfrutar de los beneficios económicos de distintas actividades realizadas gracias a la mariguana. En México, en cambio, los legisladores han impuesto trámites burocráticos engorrosos y requisitos muy especializados a las personas morales que quieran incursionar en la mariguana, pero además sólo en cuanto a la aplicación farmacológica de las sustancias que se extraen de la planta. Es decir, hay un abanico de posibilidades que se dejan de lado gracias al sinsentido y temor de las fuerzas políticas de ambas Cámaras.

Teniendo los números para hacerlo, es obvio que la falta de regulación y apertura se debe a cuestiones políticas -y quizás hasta morales- que se han impuesto por sobre la realidad internacional y, específicamente, la realidad mexicana. De hecho, cualquier cosa que se relacione directamente con la cannabis sigue siendo visto como negativa y de necesaria persecución. El autor de estas líneas considera que, dado que el mercado seguirá ahí aunque los políticos se nieguen aceptarlo, lo mejor sería sacarle provecho, pues el ingreso que representaría para las arcas nacionales no es menor y, sobre todo, sería de gran utilidad para un Gobierno cuyo sostén principal son los programas sociales que año con año exigen mayor presupuesto, sin querer además incrementar los impuestos.

Queda claro que la apertura real de México a la mariguana no vendrá a solucionar los problemas financieros o sociales del país, pero sin duda sería provechoso para un Estado que ya va tarde en su aparición a la escena internacional.