Los integrantes del Poder Judicial, especialmente jueces y magistrados, han empezado a manifestarse en contra de la prácticamente inminente reforma judicial. Dicen que se preparan para impugnar los posibles cambios ante tribunales nacionales e internacionales; sin embargo, probablemente poco pueda hacerse. Es sabido que los cambios a la Constitución no son impugnables en sí mismos ante el Tribunal Constitucional (si la Constitución se reforma, no puede ser inconstitucional), y que las sentencias de instancias internacionales dependen para su cumplimento, básicamente, de la voluntad política de los impartidores de justicia y las autoridades.

La reforma, si bien plantea de forma principal la elección de ministros, jueces y magistrados federales por voto popular directo, también pretende que los poderes judiciales locales pasen por el mismo proceso. De concretarse el “Plan C”, los jueces familiar, civil y mercantil también serán electos popularmente, debiéndose, principalmente, a sus electores antes que a las Leyes. Al fin y al cabo, las elecciones son un concurso de popularidad y no una prueba de capacidad técnica o intelectual. Basta ver a los perfiles que por décadas han ocupado lugares en el Congreso o en la administración pública de todos los niveles, que son electos por voto directo desde hace años, para ver que la elección por voto de funcionarios públicos no garantiza la incorruptibilidad ni la eficiencia. ¿Acaso no se acusó a Peña, a Fox y a todos los presidentes anteriores de corrupción? ¿No se acusó de traidores, en su momento, a los legisladores que aprobaron las llamadas reformas estructurales? Y todos ellos, como el que más, fueron elegidos por la ciudadanía. O, para ilustrarlo de otra forma, entre usted a YouTube y busque “diputados no conocen la Constitución”, para que constate las garantías que ofrece la elección por votación directa.

¿Quiere decir que las elecciones son malas? Para nada. Hasta ahora es el mejor sistema que hemos encontrado para gobernarnos y limitarnos como sociedad con todo y sus defectos. Pero hay funciones o puestos que pueden delegarse a quienes el pueblo elija, y otros que deben delegarse a personas capacitadas y entrenadas específicamente para tal efecto. ¿Dejaría usted que la sociedad vote a los doctores de un hospital? ¿O que se elija popularmente a quien deba reparar los frenos de su auto? ¿Por qué entonces hacerlo con quienes se especializan en impartir justicia?

Quizás el puesto de Ministro de la Corte, más político que técnico, pudiese someterse a elecciones populares, siempre que se fijen requisitos específicos para quienes pretenda aspirar al cargo. Pero en cuanto a los jueces de primera (y hasta segunda) instancia, debe prevalecer, por ejemplo, la carrera judicial antes que la popularidad de los funcionarios con la gente.

Si tantas ganas hay de mejorar el sistema judicial, la aplastante mayoría política tiene la capacidad de reformar las normas que privilegian los formalismos procedimentales por sobre la materia. Al fin y al cabo son los legisladores quienes diseñaron el sistema jurídico mexicano que ejecutan los jueces.