El proceso electoral 2024 aún no ha terminado. Algunos ya hasta olvidaron lo apasionados que estaban el primer fin de semana de junio -y ni qué decir en las campañas- defendiendo a su candidato, pero los tribunales electorales locales siguen resolviendo las impugnaciones derivadas de los acontecimientos de la jornada electoral.

Hace unos días fue Chichimilá, y ahora Izamal, Hunucmá y Progreso se suman a la lista de municipios que, muy probablemente, tendrán elecciones extraordinarias este año para elegir (esperemos que ahora sí) a sus autoridades en el Ayuntamiento. Es entendible que los perjudicados consideren que esto puede tratarse de una cuestión política, pero lo cierto es que estamos ante una de las figuras jurídicas que permiten proteger los principios constitucionales y democráticos que deben regir el proceso electoral: la nulidad de las elecciones.

Y es que para que un Tribunal local (o Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) decida declarar nulas unas elecciones y ordene que se convoque a unas extraordinarias, tienen que actualizarse supuestos muy específicos que, además, deben probarse materialmente de forma indudable y contundente. Es decir, no basta con que se sospeche que existieron irregularidades en los comicios o que se presenten muchas incidencias; para que se declare la nulidad de una elección debe acreditarse que las faltas alegadas impactaron directamente en el resultado electoral y fueron definitorias para la configuración de los resultados. Por ejemplo, de haber existido una diferencia tan grande como la que medio entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, es casi un hecho que las elecciones del 2 de junio se hubiesen declarado válidas y los ganadores a los que se les entregó la constancia de mayoría estén próximos a rendir protesta como alcaldes. Pero recordemos que en Progreso la diferencia fue ridículamente poca, por ilustrar el punto de alguna forma.

Por ello no es simplemente considerar que en Hunucmá, como se sostiene, se rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales y se generó incertidumbre, sino que además esto pudo haber impactado directamente en un resultado que igualmente pudo resultar distinto.

¿Es un retroceso para la democracia o la confianza en las instituciones? Al contrario: tener este tipo de resoluciones sustentadas dan certeza al sistema electoral mexicano y resalta la importancia de tener órganos que no dependan directamente de caprichos o cuestiones políticas, tal y como presumiblemente quiere hacerse con el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales locales.

Es entendible que los simpatizantes de los partidos no estén de acuerdo con esta resolución. Sin embargo, siempre hay otras instancias a las que queda acudir, o bien, siempre pueden volverse a ganar las elecciones si la mayoría alegada es suficiente y verdaderamente corresponde, como dicen algunos, a la voluntad popular.