Vivimos tiempos confusos y convulsos para el Constitucionalismo mexicano. Por un lado, el Instituto Nacional Electoral avaló que el oficialismo y sus aliados tengan una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y en el Senado durante las legislaturas que vienen. Así, prácticamente cualquier iniciativa enviada por el Ejecutivo que pretenda cambiar la Carta Magna pasará en automático y, ahora sí, casi sin necesidad de cambiarle una sola coma. ¿Es esto correcto? Desde varios puntos jurídicos, no, pues se contraria el espíritu de la Constitución que previó que cualquier modificación a su contenido requiera del consenso político, evitando así que una fuerza política pueda reformarla por sí misma. Al fin y al cabo la Constitución contiene no sólo normas, sino los principios y valores sobre los que se funda nuestra nación, y que deben ser entonces plurales y fruto de la cooperación y el acuerdo. No por nada la Ley Suprema contempla, por ejemplo, que los partidos políticos que quieran recibir plurinominales deben tener candidatos de mayoría relativa en, cuando menos, doscientos distritos electorales. Ningún partido, salvo Movimiento Ciudadano, cumplió con ello. ¿Por qué se reparten pluris, entonces, a las demás fuerzas políticas? Usted lo sabrá mejor que nadie.

Pero, además, vienen cambios que predicen tiempos de opacidad y discrecionalidad. Hace unos días se aprobó el dictamen mediante el que desaparece el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Órgano Constitucional Autónomo que hizo posible que muchos de los grandes escándalos de corrupción se destaparan y se ventilaran. Es decir, gracias a este organismo que seguramente pasará a la historia se descubrieron actos corruptos del “viejo régimen” que, en parte, ayudaron a su caída e impulsaron la victoria del ahora oficialismo.

Probablemente pase lo mismo con el Poder Judicial, el INE, y demás estructuras que sirven como contrapeso necesario al Poder Absoluto y Absolutista, venga de donde venga y tenga el nombre que tenga.

La gran excusa (o justificación) para hacer esto, es que 35 millones de votos respaldan al nuevo régimen en su reconfiguración del Estado. ¿Usted en verdad lo cree? Cada quien tendrá su opinión, pero es necesario reflexionar si la mayoría aplastante puede siempre, absolutamente siempre, imponer su voluntad por sobre todos, incluyendo minorías. ¿Las mayorías no se equivocan? ¿No fueron las mayorías, por ejemplo, las que alguna vez decidieron el regreso del PRI a Los Pinos? ¿La mayoría que votó en su tiempo por Díaz Ordaz legitima sus atroces actos contra la población? O más aún, ¿la mayoría puede limitar el ejercicio de los derechos de una minoría? Es sorprendente ver a personas que han visto mermados sus derechos históricamente por las mayorías, hoy apoyar aplanadoras sólo por el número que representan. En fin, sólo usted, lector bueno y sabio, tendrá la última palabra.