Todos hemos necesitado servicios para remediar una falla en nuestra casa o para mejorarla. Muchas veces, pedimos recomendación de alguien a quién le haya hecho algún trabajo y pueda corroborar los atributos del prestador de servicios.

Regularmente la forma de “contratación” es por teléfono, ahora por WhatsApp, explicándole la necesidad y quizá con un presupuesto a la carrera, pero ¿qué pasa si las cosas no salen bien?

A veces no se cumplen con las condiciones de tiempo, calidad o incluso servicios contratados, argumentando que “se entendió mal” o que eso no lo contemplaba el presupuesto inicial. Incluso puede llegar a presentar nuevamente el desperfecto o alguno otro causado por un mal trabajo.

Lo ideal es contar con un contrato, sencillo, pero que contenga los elementos necesarios, como son:

• Primero la fecha del contrato.
• Datos del proveedor (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, etc.), se recomienda tener una foto de la identificación para corroborar el nombre y dirección.
• Datos del contratante (cliente), así como el lugar en el que se realizarán los trabajos.
• El servicio contratado, explicando lo más detallado posible en que consiste y describiendo el anexo que puede ser una cotización previa.
• Plazo de ejecución, cuanto tiempo aproximado se llevará para concluir y, preferentemente, el monto de pena convencional en caso de incumplimiento.
• Precio y forma de pago, para especificar el anticipo y cuando se saldará.
• Garantía, tanto en el servicio como en la atención ante un fallo, así como el reembolso en caso de no responder de manera pronta.

Puede parecer burocrático y quizá hasta exagerado hacer un contrato para un servicio tan sencillo, pero la firma de un documento el cual contiene responsabilidades conlleva un compromiso legal que difícilmente se pasará por alto, sobre todo en temas de garantía.

Es una herramienta útil en caso de incumplimiento, pues se tendrá el documento base de la acción para acudir a la instancia que proceda.

A este respecto, se puede iniciar en Profeco, para tratar de conciliar con el prestador de servicios. En este proceso administrativo, el personal de la procuraduría nos ayuda a mediar con el proveedor para la solución del conflicto.

En caso de que no se llegue a un arreglo en la instancia administrativa o que hayamos decidido no iniciarla, podemos acudir ante un juez mercantil a exigir el cumplimiento o el pago de lo pactado. Desde luego que como todo procedimiento legal conlleva tiempo, por lo que depende de cada quién ponderar cuando vale la pena y cuando no.

Siempre es recomendable contar con un documento que se pueda utilizar en caso de no recibir el servicio bajo las condiciones que se contrató. En la medida en que nosotros como consumidores utilicemos estas herramientas y exijamos nuestros derechos, la calidad en los servicios incrementarán.