Desde febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió reformas a la Constitución. Ahora que va de salida y que Morena tiene prácticamente mayoría constitucional ha puesto como prioridad su aprobación, pero, ¿qué tanto conocemos al respecto? La reforma pretende cumplir 4 objetivos:

1. Reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Reducir de 11 a 9 ministros, así como su periodo de 15 a 12 años; eliminar la especialización de las dos salas para sólo sesionar públicamente en Pleno; eliminar la pensión vitalicia para ministros; remuneraciones topadas al máximo establecido para el Presidente de la República.

2. Elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces. Realizar la elección a nivel nacional de los Ministros de la SCJN, Magistrados del Tribunal Electoral y Magistrados del Tribunal de Disciplina; los candidatos serán postulados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso de los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales. El Senado verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley, habrán campañas y durarán 60 días en las que no se permite el financiamiento público o privado.

3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Crear el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años, nuevamente, propuestos por los Poderes de la Unión. Podrá recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a Ministros, Magistrados, Jueces y personal judicial y sus decisiones serán definitivas e inatacables.

4. Nuevas reglas procesales. Se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora.

Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Los Poderes Judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes.

Una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse los Fideicomisos del Poder Judicial al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La reforma implica la costosa destrucción de capital humano que hoy tiene el poder judicial.

Los nuevos integrantes no se auto postulan, sino que vienen de listas que elaborarán el Presidente, los diputados, senadores y el poder judicial. Si bien se supone que los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas, es innegable que guardarán la “línea” de quienes los postulen y la gente votará en consecuencia.

Si los juzgadores dependen de la voluntad popular para obtener el cargo, es probable que sus decisiones pretendan agradar a las mayorías en vez de resolver de acuerdo con las leyes, lo que derrumbaría por completo el Estado de Derecho en México poniendo en su lugar un concurso de popularidad.

El “súper” Tribunal de Disciplina Judicial, tendría un poder desmedido, permitiéndole sancionar o remover jueces de acuerdo con supuestas denuncias anónimas, por lo que existe alto riesgo de que los ministros, magistrados, jueces y en conjunto la justicia sean rehenes del partido que domine la esfera política.