Estado y Derecho son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad; el Estado necesita la legitimidad que el Derecho le brinda, para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado, el Derecho es la fuerza coercitiva del Estado, que reprime las desviaciones, los incumplimientos y resuelve las controversias que se presenten dentro del pacto social.

El que una sociedad viva de acuerdo a sus leyes, a su Derecho positivo y vigente, no le garantiza el vivir en un “Estado de Derecho”, eso resultaría una visión muy estrecha, ya que lo anterior simplemente reconoce un “Estado de Legalidad”, pues el primer concepto es más amplio.

Es un lugar común ubicar el germen del término Estado de Derecho a partir de la revolución liberal francesa de finales del siglo XVIII. Sin embargo, la reflexión sobre la necesidad de limitar el poder (que es el objetivo del Estado de Derecho), se originó en gran medida, desde el siglo XV, en el contexto de los cuestionamientos sobre la tolerancia y sobre la libertad religiosa, que a la postre adquirirá sustantividad propia.

Todo Estado de Derecho debe contar al menos con los siguientes elementos: a) primacía de la ley; b) un sistema jurídico definido por normas; c) legalidad en los actos de administración; d) separación de poderes y división de funciones; e) protección y garantía de los Derechos Humanos, y d) medios de control de constitucionalidad de actos, omisiones y las leyes.

Los últimos dos componentes se hallan en crisis en México. Lo que denota una devaluación del Estado de Derecho, derivada principalmente del enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial.

En principio, debe decirse que en un Estado de Derecho, la necesidad de proteger a la Constitución se funda en la realidad, en el sentido de que la vida social, regulada por el Derecho, es de suya dinámica. Los vertiginosos cambios sociopolíticos demandan que la Constitución exponga cierto grado de vigencia y efectividad. Tal actividad de defensa o protección, suele ser encomendada a los Tribunales Constitucionales, cuya labor implica cuidar que leyes y actos de autoridad se apeguen a las disposiciones fundamentales.

Resulta imperante contar con un Tribunal Constitucional que dirima, además de los conflictos referentes a la constitucionalidad de las normas, cualquier controversia que se suscite entre las autoridades emanadas de diversos partidos políticos por el ejercicio de competencias repartidas desde la Carta magna: en una frase, la judicialización de la política.

Desgraciadamente en México hoy se vive lo opuesto; es decir; la politización de la judicatura, con la iniciativa presidencial -de inminente aprobación- consistente en la elección de jueces a través del voto popular y directo.

Aquí es donde se refleja la importancia del Poder Judicial. Si bien la función de juzgar es tan antigua como el Derecho en sí mismo, surge la necesidad de conformar un tercer poder constituido, reconocido a rango constitucional para encargarse de dicha labor. Por ello, puede afirmarse que el Poder Judicial fue creado para que asumiera la potestad jurisdiccional; es decir, para que resolviese los conflictos y contiendas, para que interpretara la ley. Esta actividad implica resolver litigios con sujeción a la Ley y el Derecho; ejecutar lo juzgado y tener sobre esa ejecución el poder último de las resoluciones.

Dada la importancia del Poder Judicial, es que se asemeja a un botín a obtener tras una batalla. Desde luego que México amerita una transformación. Empero, dudo mucho que genere efectos positivos la politización de la judicatura. Ojalá me equivoque.