La rapidez en la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos ha formado parte de una añeja discusión.

Es quizá un tema eterno y permanente que toca las fibras del derecho humano de acceso a la justicia, puesto que no basta la tutela jurídica (el reconocimiento formal de un derecho), coexistente con la tutela judicial (el acceso a un tribunal) si los tiempos para decidir qué le corresponde a cada quien son dilatados.

La obtención de respuestas rápidas a cuestionamientos es algo que puede realizarse a través de la Inteligencia Artificial generativa.

Una tecnología de esta especie -quizás la más popular a nivel global-, es el ChatGPT, conformado por un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3.5, desarrollado por la empresa OpenAI. El término “GPT” hace referencia a sus siglas en inglés “Generative Pre-trained Transformer”, modelo previamente entrenado en el campo del procesamiento del lenguaje natural.

En los últimos meses ChatGPT -y más recientemente GPT4-, su nueva versión lanzada el 14 de marzo de 2023, ha provocado el nacimiento de una nueva etapa en la evolución de la Inteligencia Artificial.

Esa popularidad global del ChatGPT se ha reflejado en varios casos judiciales en Colombia, Perú y México, en los que, por celeridad y fácil referencia, los tribunales consultaron a la Inteligencia Artificial generativa.

En Colombia, entre los años 2022-2024, se han detectado al menos tres casos (uno de “tutela” -similar al juicio de amparo mexicano-, otro de “reparación directa” -una forma de responsabilidad estatal por actuación indebida- y otro de índole penal -homicidio culposo-), en los que autoridades, principalmente de segunda instancia, consultaron al ChatGPT para confirmar, asesorarse en el significado de ciertos conceptos y para revocar decisiones apeladas.

En Perú, en 2023, un tribunal de alzada en materia de familia, confirmó el monto de una pensión alimenticia, delegándole al ChatGPT el razonamiento de proporcionalidad.

En México, también en 2023, durante la sesión pública de 29 de marzo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que había consultado al ChatGPT a través de su teléfono móvil; ello al debatir el proyecto de sentencia derivado del Juicio Electoral SUP-JE-21/2023.

Es perceptible la impronta de la Inteligencia Artificial al mundo jurídico; en efecto, es imposible ignorar su presencia y las repercusiones que ha causado. El último delirio es la sustitución de la inteligencia humana por esa tecnología, es decir, el reemplazo de los abogados por los algoritmos.

En lo que atañe a la Inteligencia Artificial generativa (como ChatGPT) y el fervor judicial latinoamericano en su uso se pierde de vista que debe valorarse como lo que es: un juego.

La utilización de este tipo de tecnología puede ahorrar mucho tiempo a la proyección de escritos jurídicos; facilita una tarea: la redacción de documentos, el cambio de nombres, el ajuste de hechos, normas, consideraciones, etc. La tecnología GPT puede ser entrenada o especialmente diseñada para realizar escritos de corte jurídico, pero no para tomar decisiones ni sería permitido legalmente, por lo que la supervisión humana es un imperativo y, sobre todo, la responsabilidad que conlleva la decisión recae sobre quien finalmente suscriba el documento. Así, es un riesgo que algunos tribunales utilicen al ChatGPT como fuente de sus decisiones, y por ende, como fuente del Derecho.