La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán es la institución educativa más antigua del estado, fundada en 1827 como parte de la antigua Universidad Literaria.

En 1922, la Facultad de Jurisprudencia quedó integrada en la recién creada la Universidad Nacional del Sureste. Su evolución histórica ha estado marcada por una serie transformaciones académicas y administrativas que le han permitido adaptarse a las necesidades y desafíos de la sociedad yucateca en cada momento histórico.

El Licenciado José Alfonso López Rodríguez, nombrado director de la Facultad de Jurisprudencia en 1947 por el entonces rector Eduardo Urzaiz Rodríguez, expresó en una entrevista publicada en la revista Orbe (Época IV, Núm. 4), que, “entre otras cosas aspira a que el Servicio Social de los futuros abogados llegue a realizarse en una forma de auténtico beneficio para la colectividad yucateca, tan necesitada por cierto de eficientes y honestos técnicos del Derecho, que sustituya a la caterva de rábula que emplean el machote como arma venenosa”. Esta declaración refleja una visión crítica sobre el papel de los abogados como garantes de un régimen de derecho y de justicia, “especialmente en los conflictos que afectan a los sectores más pobres de la población, el obrero y el campesino, […].”.

En este contexto, el Reglamento Interior de la Facultad de Jurisprudencia de 1948 establecía que la institución tendría “por objeto la enseñanza de las ciencias jurídicas y sociales, así como la investigación y estudio de la legislación y de las instituciones políticas del Estado, para promover su mejoramiento y progreso en beneficio de la colectividad.” Según el Artículo 18 del reglamento, los aspirantes a cursar estudios en la Facultad debían poseer el título de Bachiller o los certificados equivalentes expedidos o reconocidos por la Universidad de Yucatán.

El Artículo 21 del reglamento otorgaba a los estudiantes diversos derechos, entre ellos: recibir sus clases teóricas y prácticas de las asignaturas en las que estuvieran inscritos, presentar los exámenes respectivos, participar en las prácticas de educación física organizadas por la universidad y ser escuchados por las autoridades universitarias.

Asimismo, el reglamento garantizaba la participación de los estudiantes en el gobierno universitario mediante un representante en el Consejo Universitario, además de permitirles asociarse libremente en agrupaciones estudiantiles con plena independencia.

El capítulo IV del reglamento establecía su plan de estudios, estructurado en seis cursos que incluían las siguientes materias: Introducción al Estudio del Derecho, Sociología, Piscología, Derecho Civil, primer curso (Personas, cosas y sucesiones), Derecho Romano, Economía política, Teoría General del Estado, Derecho Constitucional, Derecho Civil (Obligaciones y Contratos), Derecho Penal, Oratoria Forense, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo, Garantía y Amparo, Derecho Agrario, Derecho Administrativo, Derecho Procesal del Trabajo, Filosofía del Derecho, Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público, Medicina Legal y Ética Profesional. Continuará.