La violencia en el país luce incontrolable y lejos estamos de que la autoridad federal pueda poner sobre la mesa alguna estrategia coherente para hacer frente a tan lacerante flagelo.

Tanto se llenaron la boca criticando a administraciones pasadas que ahora la cuatroté se quedó sin argumentos sobre cómo enfrentar a los criminales y erradicar lo zozobra que permea en la sociedad. La administración actual apostó por los abrazos y lo único que consiguió fue que hubiera más balazos.

Aún como candidato, el presidente López Obrador atacó frontal cualquier iniciativa que sonara a militarización. Se cansó de esgrimir la crítica más rabiosa hacia todo movimiento de las Fuerzas Armadas; tres doritos después se come sus palabras y hace gala del perverso don de la memoria selectiva.

Lo peor que le pudo pasar, pasó: no solo no bajan los índices de violencia y, muy por el contrario, van en franco aumento; también, la ola verde olivo avanza y cubre todos los rincones de la administración mientras en Palacio Nacional aplican el socorrido dicho de “no veo y no escucho”.

Nadie duda de la lealtad de las Fuerzas Armadas, por décadas tanto el Ejército como la Marina han demostrado el gran compromiso que estas instituciones tienen con el país, aunque eso no significa que por ello se deban emplear a militares en cuanta tarea se le ocurra al presidente López Obrador.

El Primer Mandatario sabe del tema, conocer de los riesgos de militarizar una nación y eso bastaría para que reorientara el actuar; sin embargo, detrás del uso de los militares hay otros objetivos en los que hay indicios de autoritarismo y de la perpetuación en el poder, dulces que resultaron demasiado tentadores para alguien que cada vez se parece más a lo que siempre dijo odiar.

En ese sentido, se busca de un plumazo que la Guardia Nacional pase a la Sedena, algo que operativamente ya sucede en gran parte de las acciones que realizan las fuerzas federales, pero que el régimen quiere oficializar de forma ilegal, violando atribuciones del Poder Legislativo.

Hay militares haciendo labores que deberían estar en manos de civiles, porque así lo recomiendan instituciones de Derechos Humanos y organismos internacionales. Hay soldados en obras en las que, además, la nula transparencia en el uso de recursos públicos es inadmisible. Sobran los decretos de reserva de información por cinco o diez años, argumentando temas de seguridad nacional para mover dinero con intenciones poco claras y en las que el olor a corrupción es cada vez más pestilente.

El desgaste al que están expuestos los militares, a quienes, por cierto, ni siquiera se les deja hacer frente a los delincuentes, será una cara factura que pagarán no solo las instituciones castrenses, sino también el Gobierno en su conjunto. El verde olivo ha sido fiel a los mexicanos y así debería seguir siendo, distraerlos de sus actividades principales pone en riesgo su actuar y los exhibe a tentaciones macabras endilgadas por otros a quienes la bilis les nubla la mente.