La crisis política desatada en la República del Perú, al finalizar 2022, ha producido una escalada de conflictividad social sin precedentes en la historia de ese país, de acuerdo al pronunciamiento del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson.

La Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) congrega y representa a 103 Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de 22 países iberoamericanos. Mismo que considera que la extrema polarización y la violencia desatada en diversas regiones del Perú están dejando profundas heridas y pérdidas irreparables en vidas, en libertades, en integridad y derechos de los ciudadanos en ese país.

Ante el intento de golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, el Consejo de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson expresó, en un comunicado, su profunda preocupación por esos hechos e hizo un contundente llamado a las autoridades del Gobierno de la República del Perú y a sus ciudadanos para construir soluciones desde el diálogo respetado con el derecho y con la vigencia de la ley. La FIO hizo un exhorto al pueblo peruano y a sus autoridades a esforzarse con ahínco para recuperar su estabilidad y paz social, en el marco de la ley y de su Constitución política. Con ese fin deben identificarse vías de diálogo que permitan la reconciliación de sus ciudadanos.

Es muy lamentable que por esos hechos hayan fallecido decenas de personas. En el comunicado se considera indispensable que las autoridades se comprometan al pleno respeto de los derechos humanos y de manera más escrupulosa, si cabe, en el marco del régimen de excepción instaurado por el Gobierno.

El objetivo primordial de la Federación es ser un foro de discusión para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsperson en las regiones geográficas de su jurisdicción.

Considero que los organismos defensores de los derechos humanos debemos de solidarizarnos para trabajar en la medida de nuestras posibilidades contra hechos que vulneren el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, porque sólo en medio de la convivencia pacífica se puede garantizar una vida en la que el respeto hacia nuestras prerrogativas fundamentales sea la base en la que se fortalezca la existencia democrática de nuestro país.

Este no es el trabajo de un Gobierno o de una sociedad, o de un sector de esa sociedad, es la labor conjunta de pueblo y autoridades, para lograr avanzar más en la senda del imperio de los derechos humanos.

Trabajemos para que así sea