La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos lamenta y condena los hechos sucedidos en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, en los que perdieron la vida 39 migrantes y 28 más se encuentran hospitalizados, a causa de un incendio, ocasionando una tragedia que se configura como un crimen contra la humanidad.

Ese organismo reconoce en un comunicado el derecho humano a la migración y señala que en México existen estaciones migratorias que funcionan como centros de detención privativos de la libertad para “asegurar” a las personas en condición de movilidad. Por tanto:

1. Exige investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes, que esclarezcan los hechos y se encuentren las responsabilidades que resulten, a las autoridades involucradas en los hechos ante las instancias competentes, entre otras, la correspondiente a la anunciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dado que se trata de un asunto del orden federal.

2. Solicita se adopten medidas de protección reforzada adicionales que aseguren los derechos humanos, especialmente de aquellas personas que tienen una o más condiciones que agudizan su situación de vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas LGBTTTIQA+, personas adultas mayores, con discapacidad, pueblos originarios y víctimas del delito, quienes los tienen reconocidos, como cualquier persona, por el simple hecho de estar en territorio nacional y no los pierden por la búsqueda de una mejor vida.

3. Proponer la revisión de la política migratoria para realizar los cambios y ajustes necesarios que se observen con pleno respeto a la soberanía de México, a los valores constitucionales y particularmente la dignidad de la persona sin importar su origen. La situación de movilidad de personas amerita una respuesta de todas las instituciones de los distintos órdenes de Gobierno para establecer una coordinación eficaz como expresión del sistema federal.

4. Hace un llamado a las autoridades y a la sociedad mexicana para ser sensibles, mostrar solidaridad y atender integralmente a las víctimas mortales y heridas, así como de todas las personas en contexto de movilidad, quienes conforman un grupo de atención prioritaria en nuestro país que, por las razones señaladas, abandonen sus lugares de origen y a sus familias, con todos los riesgos que ello implica.

Como sociedad debemos darnos servidores públicos que entiendan que su función es de servicio a toda la colectividad, y no para aprovecharse de ella y atender intereses personales, mientras hacen de la protección, defensa y difusión de los derechos humanos simple letra muerta.