La recuerdo bien, aquella mañana de domingo ya mostraba signos de la calidez que se generaba con la caricia de los primeros rayos del Sol al bañar esta tierra del Mayab, pero aún conservaba un poco de la frescura que ahora nos regatea el cambio climático.

Al distinguir mi presencia en la fila, el funcionario de casilla abandonó momentáneamente su posición en la mesa y se acercó a mí con esa gran sonrisa que lo distinguía y que lo hacía un hombre muy conocido y popular, me saludó, y mientras colocaba en mis manos un grueso fajo de papeles, me dijo: “Raulito, tacha todas estas boletas en donde dice PRI, y cuando llegue tu turno las depositas en la urna”.

Corría el año de 1984, apenas cumplía yo la mayoría de edad legal que me otorgaba el derecho constitucional de poder elegir a nuestros gobernantes, e ilusionado acudía a ejercer por primera vez esa prerrogativa. El funcionario me conocía, pero no lo suficiente, ya que de haber conocido los valores y la educación que había recibido de mis padres en la casa familiar, hubiera imaginado que tomaría yo únicamente, como lo hice, la boleta que me correspondía utilizar, para luego devolverle cortésmente todas las demás.

Eran tiempos un poco agitados en el ambiente político de Yucatán. A pesar de que la constitución ya impedía la participación de los militares en política, en esa época nadie osaba salirse con eso de que “la Ley es la Ley”, así que gracias al pago de cuotas extraoficiales que el Gobierno debía cumplirle a las fuerzas armadas, un hasta ese entonces desconocido general del ejército había sido primero senador de la República y luego Gobernador de Yucatán.

La avanzada edad del general, combinada con su escasa experiencia y habilidad política, habían derivado en una situación de ingobernabilidad que motivó la intervención y presión del entonces secretario de gobernación, Lic. Manuel Bartlett Díaz, para hacerlo renunciar y dar paso a un Gobernador interino, apenas en el mes de febrero de aquel mismo año.

Cuando todo esto sucedía, no existía el IFE o el INE. Pero si hubiera existido, y si el funcionario que intentó convencerme de cometer un delito electoral hubiese sido propuesto por el Presidente de México para ocupar el cargo de consejero Presidente, seguramente hubiera ganado una votación para serlo, ya que era muy popular.

Ahí radica la importancia de proteger a toda costa los avances que los mexicanos hemos alcanzado en materia de democracia, de fortalecer y nunca debilitar a las instituciones autónomas encargadas de organizar los procesos electorales y entregarnos resultados certeros y confiables.

No queremos personas populares a cargo de estos organismos, queremos personas capaces y competentes, no queremos en puestos de elección popular a personas impuestas mediante cuotas y menos a las que están impedidas por la Ley, que ya bastantes atribuciones indebidas les han concedido. No queremos renuncias forzadas ni tampoco imposiciones, aunque a veces éstas sean para corregir lo que estaba mal.

Así era el México del siglo pasado, así es justamente como no deseamos que vuelva a ser