Sergio Grosjean/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Hace ocho meses, los vecinos de la colonia México, luego de varias manifestaciones en contra de la imposición de una ilegal gasolinera, fueron testigos de un hecho sin precedente, ya que el Ayuntamiento situó en la avenida José Díaz Bolio de esa zona habitacional, dos morrocotudos letreros en los que se destacaba la siguiente leyenda: “AVISO, el Ayuntamiento de Mérida no aprobó en primera instancia el uso de suelo de esta gasolinera, éste fue otorgado por obligación contenida en la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán”.

Por otro lado, el modus operandi para obtener licencias de dudosa transparencia ha sido común en Yucatán por décadas: el Ayuntamiento niega los permisos sin sólidos argumentos y el magistrado se encarga del resto. ¿Habrá corrupción, complicidad o simple casualidad? Muchos preguntan en qué afecta esta gasolinera ya que nunca ha explotado alguna. La respuesta es simple: las leyes se crearon para respetarlas y ni el Ayuntamiento ni los jueces deben atropellarlas como en este caso. A simples luces, tan turbio es el pinto como el colorado.

A grosso modo, para que esa gasolinera obtuviera el permiso de construcción y funcionamiento se requería cumplir con una serie de disposiciones, como “Factibilidad de Uso de Suelo”, misma que fue negada por el Ayuntamiento de Mérida debido a que no cumplía con el “Programa de Desarrollo Urbano del Municipio”.

En consecuencia, y ante la negativa, el representante legal del terreno donde hoy se ubica la gasolinera inició un “Juicio Contencioso Administrativo” ante el magistrado Miguel Diego Barbosa Lara, solo que en esta ocasión, además de la “Factibilidad de Uso de Suelo”, solicitó la “Licencia de Uso de Suelo para Construcción”, obteniendo con ello más de lo que el Ayuntamiento le negó.

Pero para iniciar operaciones, esta gasolinera requería la licencia de “Terminación de Obra” que otorga la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, misma que de ninguna manera debió autorizar, ya que no cumplía con su reglamento de construcción y, además, para que Pemex otorgara lo que se conoce como Inicio de Operación, se requería la Terminación de Obra, misma que el Ayuntamiento otorgó, y no entendemos la razón pues va en contra de su reglamento.

Asimismo, se exigía la “Licencia de Uso de Suelo para Funcionamiento”, y este es un documento que se debe verificar para obtener la terminación de obra, misma que no se debía de otorgar ya que no cumplía con los requisitos de construcción del “Programa de Desarrollo Urbano y Reglamento de Construcción del Ayuntamiento”.

Aunado a ello, se necesitaba la Licencia de Funcionamiento, la cual otorga la Tesorería Municipal de Mérida y como requisito demanda la Licencia de “Uso de suelo”.

Finalmente, hasta donde tenemos conocimiento, no había disposición del magistrado Diego Miguel Barbosa que obligara al Ayuntamiento a conceder cualquiera de las licencias citadas, y es por ello que el Ayuntamiento tenía toda la facultad para impedir que se cometiera semejante atropello que, finalmente, se consolidó.

Conceden amparo a vecinos

Pero para sorpresa de propios y extraños, el Juez de Juzgado del Segundo de Distrito, Alfonso Gabriel García Lanz, concedió la protección de la justicia federal para vecinos que se ampararon contra la imposición de la gasolinera. Esto quiere decir que las sentencias emitidas por el juez obligan al Ayuntamiento de Mérida a revocar no solo la licencia de uso de suelo, sino también la de construcción y de funcionamiento.

De igual manera, le ordena al responsable del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa (TJEA), Miguel Diego Barbosa Lara, dejar insubsistente su sentencia, de tal forma, deja sin efecto su ordenamiento para que el Ayuntamiento de Mérida otorgara las licencias de Uso de Suelo, de Construcción y de Funcionamiento.

Es así que el Ayuntamiento tiene la obligación de clausurar inmediatamente esta ilegal gasolinera, pero hasta ahora, 12 días después de la resolución del juez federal, no lo ha hecho. ¿Por qué será?

Finalmente, ante la ejemplar decisión del Juez Federal, Alfonso Gabriel García Lanz, podría darse nuevamente un evento sin precedente, al menos en Yucatán: la demolición de una ilegal gasolinera. Mi correo: [email protected] y twitter: @sergiogrosjean.