Buscan que municipios “ricos” tengan órganos de control internos

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado continuó el análisis de un paquete de siete iniciativas

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La Comisión de Puntos Constitucionales sigue sesionando. (Novedades Yucatán)
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MÉRIDA, Yucatán.- La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado continuó ayer el análisis de un paquete de siete iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como a cuatro leyes y un reglamento para dar paso al parlamento abierto y en materia de órganos de control internos municipales.

Se trata de modificaciones a la Ley de participación ciudadana que regula el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular en el estado; la Ley de gobierno de los municipios del estado; la Ley de servidores públicos del estado; la Ley de gobierno del Poder Legislativo del estado y el Reglamento de la Ley de gobierno del Poder Legislativo.

La diputada y presidenta de la citada comisión, Karla Franco Blanco dio a conocer que recibió la opinión sobre las iniciativas por parte del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, el cual fue distribuido a los diputados.

La coordinadora de los diputados del PAN, Rosa Adriana Díaz, entregó otras observaciones para la iniciativa que reforma la Constitución estatal, la Ley de participación ciudadana, la Ley de gobierno de los municipios, para hacer correcciones de forma en el punto de parlamento abierto.

En tanto, la diputada Silvia López, explicó que en lo general todas las propuestas son positivas, aunque puntualizó que en la iniciativa que modifica la Constitución estatal y diversos artículos de la Ley de gobierno de los municipios, que busca establecer los órganos de control internos municipales, presentó observaciones para que no sea imperativa, es decir, que lo puedan aplicar los ayuntamientos que cuenten con capacidad económica.

En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Miguel Candila, informó que hizo una propuesta en la iniciativa que modifica el Artículo 30 de la Constitución y la Ley de servidores públicos del estado, para que una comisión del Congreso local pueda dictaminar si encuentra desvío de recursos públicos, para que sea canalizado a la Auditoría Superior del Estado, la cual tendrá facultad de interponer una denuncia al respecto.

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