Israel Cárdenas/Mérida
La Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado continuó ayer el análisis de la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal para que los ayuntamientos puedan contratar empréstitos por un monto de hasta el 25 por ciento del total de recursos de recibirán por el Fondo de Infraestructura de aquí al término de su gestión el 31 de agosto de 2021.

El diputado y presidente de la Comisión, Víctor Merari Sánchez Roca, dijo que están en la búsqueda de un consenso y planteó una reunión con representantes del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para que expliquen cómo se suscribirían los créditos con los ayuntamientos.

“Ya lleva tres meses el análisis de esta propuesta, mediante la cual los municipios podrán acceder por adelantado hasta al 25 por ciento del recurso que les toca durante su gestión en el rubro de Fondo de Infraestructura; entonces, lo que buscamos es darle viabilidad a los municipios para que puedan tener obras de impacto, porque ahorita cada mes esperan este recurso, juntan el dinero hasta que lo tengan todo para poder concretar sus proyectos”, dijo el diputado por el PAN, quien agregó que el próximo martes tendrán una nueva sesión.

En la sesión de ayer, el diputado por el PRI Marcos Nicolás Rodríguez Ruz presentó un análisis jurídico para que sea considerado en el estudio de la propuesta.

“Consideramos que es importante que el ayuntamiento que desee contratar un empréstito debe de hacer una sesión de Cabildo, presentar la propuesta y que ésta sea aprobada cuando menos por dos terceras partes de los integrantes, y después otorgar un documento en el que el contador o auditor del ayuntamiento dé constancia de que cuenta con el recurso para pagar el empréstito”, dijo Rodríguez Ruz.

Por otra parte, en la misma sesión de Comisión de Presupuesto los diputados solicitaron el proyecto de dictamen para modificar el Código Fiscal y la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, en materia de enajenación de vehículos abandonados, que se encuentran en el corralón de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sobre este tema, la diputada panista Rosa Adriana Díaz Lizama declaró que la propuesta enviada por el Ejecutivo tiene el objetivo de establecer un periodo de 60 días naturales a los usuarios de las unidades como bicicletas, motocicletas o automóviles para que puedan recuperar su propiedad mediante un trámite.

Agregó que una vez concluido el plazo entonces la Secretaría de Administración y Finanzas podrá subastar los vehículos o, en caso de ser inservibles, vender sus partes o destruirlos.

El diputado Víctor Sánchez solicitó que el plazo de 60 días sea implementado a partir de noviembre del próximo año, debido a la llegada de los aguinaldos, para que los dueños de las unidades tengan oportunidad de recuperar sus bienes.