Coral Díaz/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- La delegada en Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Leticia Mendoza Alcocer, aseguró que la privatización no está en la agenda de la dependencia.

En el marco de una reunión para establecer las bases de la licitación pública del equipamiento necesario para el nuevo hospital del Issste, la funcionaria señaló que este Instituto se debe a los trabajadores al servicio del Estado, ya que son quienes aportan parte de su salario para darle viabilidad a los programas que se desarrollan en su beneficio.

“Los trabajadores al servicio del Estado, de acuerdo con la ley, son derechohabientes del Issste, no beneficiarios de un programa; aportamos parte de nuestro salario para tener seguridad social, eso no está a debate, el Issste, no se privatiza”, puntualizó.

Resaltó que el Issste en Yucatán está dedicado a establecer estrategias de mejora para brindar una atención plena en calidad y calidez a los derechohabientes y sus familias por eso sigue invirtiendo y optimizando los recursos para ofrecer un servicio digno cumpliendo con sus diferentes responsabilidades.

Informó que ya se está aplicando el programa de receta resurtible para brindarle un servicio integral a los pacientes que padecen de enfermedades crónico degenerativas, como los diabéticos e hipertensos, con la finalidad de que no acudan cada mes por su medicamento, sino cada 90 días para su consulta general.

 “En materia de salud le estamos apostando a la cultura de la prevención de las enfermedades crónicas degenerativas que representan la primera causa de mortalidad de los derechohabientes y es la preocupación del Instituto”, subrayó.

Mendoza Alcocer destacó que los trabajadores del Instituto en todo el país colaboraron para que en 2014 se hayan otorgado en el ámbito nacional casi 70 mil consultas médicas diarias.

Además dos mil 500 atenciones de urgencias, aproximadamente 700 cirugías y mil hospitalizaciones; de igual forma se han entregado 64 millones de pesos en créditos para derechohabientes y 419 millones de pesos por pensiones.