Luis Fuente/MÉRIDA
Luego de que la Contraloría General del Gobierno del Estado presentara este lunes 31 denuncias por presuntas irregularidades financieras de la gestión anterior, hoy es la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado las que investigan estos casos.

Las presuntas anomalías fueron detectadas principalmente en las Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF).

La contralora general, Lizbeth Basto Avilés, señaló que “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepción se encontraron faltantes financieros y materiales informativos”.

En este primer paquete de denuncias que ya analiza la Vicefiscalía hay algunas de índole penal y otras de responsabilidades administrativas.

Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía y las segundas, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán.

En ambos casos, el Gobierno del Estado brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran. Es probable también la intervención en estos procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.

La titular de la Contraloría General del Estado sostiene que “esto no es un asunto político, sino un tema estrictamente jurídico, resultado de los procesos de entrega-recepción”.

Otras de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría son las Secretarías General de Gobierno (SGG), Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y Fomento Turístico (Sefotur).

También, los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey).

Asimismo, el Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.

Lizbeth Basto comentó que 26 denuncias anteriores se interpusieron ante la Vicefiscalía por un presunto desvío de recursos por 533 millones de pesos, derivado de inconsistencias de la administración estatal anterior durante el proceso de entrega-recepción.

La funcionaria señaló que son contra quienes resulten responsables y se reservó mencionar los delitos para no entorpecer las investigaciones.