Iepac Yucatán, sesionó para aprobar por unanimidad el cumplimiento de un laudo emitido por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán a favor de un ex trabajador por la cantidad de 4.5 millones de pesos quien en 2014 fue despedido de manera injustificada por la entonces presidenta, María de Lourdes Rosas Moya.

Ayer en la sesión, que tuvo el carácter extraordinaria, los partidos políticos PRD, Nueva Alianza y Morena, así como tres consejeros electorales emitieron sus posicionamientos a favor y coincidieron en manifestar en que este acto no debe volver a repetirse. Asimismo se dio a conocer que los recursos para el cumplimiento del laudo laboral se obtuvieron de subejercicios de años anteriores, y se aclaró que no se afectarán los programas establecidos por el Iepac de aquí al cierre del año.

En este contexto, el organismo electoral acudirá ahora al citado Tribunal para dar cumplimiento a la resolución en materia laboral.

Al respecto, el consejero electoral del Iepac, Alberto Rivas Mendoza declaró que el laudo laboral es un asunto que heredaron de la anterior administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

“Estamos resolviendo una sentencia firme, es un punto que nos obliga al Consejo General a pagar porque así nos ordena, los recursos tienen que salir, tenemos que cumplir de alguna manera. Cuando este Instituto entra a un proceso judicial o administrativo cuyo fin no podemos saber cuál será el fin: puede ser civil, mercantil o laboral; porque tampoco hay un término, se hacen los mejores esfuerzos para que salgan en beneficio del Instituto, pero en este caso no fue benéfico pero no podemos afirmar que sabíamos en octubre de 2021 (cuando inició funciones la nueva administración del Iepac) que este juicio iba a ser desfavorable para el Instituto, por más pronóstico o por más apreciaciones personales que cada quien pueda tener, por lo cual los recursos deberían de salir por algún lado para cumplir con el laudo”, declaró Rivas Mendoza.

Por su parte, la representante del PRD, Érica Moreno declaró que “este asunto cobra importancia no sólo por el monto millonario sino también si se le hubiera dado la atención desde el principio, y haberse liquidado, se hubiera dado una cantidad mínima y no se había afectado a este Instituto, hacemos un llamado a que se tome este caso como un antecedente importante en cuanto a la relación laboral de los trabajadores, le cuesta a la ciudadanía y no a quien está en funciones para tomar este tipo de decisiones”.

A su vez, el representante del partido Nueva Alianza Yucatán, Jorge Castillo González declaró que “este laudo se debe a la herencia de decisiones que tomaron quienes tenían el manejo del Instituto en aquel momento, si esas decisiones se hubieran atendido en su momento hubiéramos evitado tener que erogar tal cantidad en este acuerdo, este es un llamado a analizar las decisiones que se tomen”.

En tanto, el representante de Morena, Juan Pablo Silva manifestó que “es lamentable que el Instituto sufra una afectación económica de esta magnitud, son recursos que se podrían utilizar para la participación ciudadana, para elevar el nivel democrático en el estado, es un golpe al patrimonio de esta autoridad, que duele, sin duda”.