MÉRIDA, Yucatán.- La informalidad laboral, uno de los problemas que más impacta de forma negativa en la economía del país, se redujo en los últimos 10 años en Yucatán, al pasar del 63.6 por ciento a finales del 2009 a 60.75 por ciento en 2019, revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) aplicada a población de 15 años y más.

Lo anterior representó una reducción de 2.85 puntos porcentuales en la proporción de ocupados que se encuentran laboralmente vulnerables; la tasa nacional también se redujo de 2009 a 2019, al pasar de 60.02 por ciento a 56.24.

Las cifras de Yucatán indican que para 2009 la tasa era de 63.63, la cual bajó para 2010 a 62.85. Para 2011, la tasa subió a 64.48 y en 2012 presentó su mayor índice en la década, con 65.35 por ciento. En 2013, se redujo a 64.25 y en 2014, a 62.43.

Para 2015, la informalidad en Yucatán alcanzó el 63.05; en 2016, bajó a 62.28; en 2017 fue de 61.76 y subió ligeramente en 2018, a 62.03, para finalmente en 2019 reducir a 60.75, su nivel más bajo en 10 años.

De acuerdo con analistas, la informalidad laboral no solo es otra forma de precarización, también vulnera a los trabajadores en otras esferas sociales, como la salud, seguridad social y recreación.
Aunque la tasa de informalidad ha bajado, aún se encuentra en niveles altos, ya que seis de cada 10 trabajadores de encuentran en este sector.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur) ha señalado en reiteradas ocasiones su postura en contra de la informalidad, ya que esta actividad ocasiona que el gobierno deje de recibir una gran cantidad de dinero por impuestos, y daña la economía de las empresas establecidas.

Ropa, calzado, enseres domésticos, alimentos, por señalar algunos, son rubros donde se genera un comercio desleal, ha señalado la cámara empresarial.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la tasa de informalidad laboral expresa a la población ocupada que no cuenta con afiliación laboral conforme a la legislación vigente.

Estas personas, por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja o por el tipo de ocupación, no cuentan con la afiliación a algún sistema de seguridad social, contratos establecidos e incluso no tienen acceso a instituciones de salud.