Candelario Robles/Mérida
La iniciativa de reformas a la ley relativa a la evasión y elusión fiscal, que se discutirá en el Senado, preocupa al sector empresarial porque se podría utilizar contra los ciudadanos, a quienes se les podría catalogar como parte de la delincuencia organizada.

Dirigentes empresariales exigieron a los senadores que esta propuesta no se apruebe en un proceso “fast track”, sino que se haga un análisis de fondo, porque son cambios que podrán afectar a empresas que operan en la legalidad y a los contribuyentes en general; incluso, enviaron propuestas para que estas adecuaciones se realicen tomando en cuenta al sector empresarial y organismos ciudadanos.

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco) entregó ayer al Senado una solicitud de aplazamiento para que en septiembre cuando dictaminen el proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en lo referente a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y de empresas que deducen operaciones simuladas, escuchen al sector empresarial.

El dirigente de la Concanaco, José Manuel López Campos, señaló que también entregaron una serie de propuestas para enriquecer la iniciativa presentada por los senadores.

El dirigente empresarial adelantó que se estableció un grupo de trabajo para analizar el tema y compartir con los legisladores puntos relevantes relacionados con la iniciativa, a fin de fortalecerla y colaborar con las comisiones que la analizarán, para que ésta contenga disposiciones que eviten que los delincuentes fiscales sigan en la calle, y se proteja a los contribuyentes que son cumplidos.

El vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco, Juan Carlos Pérez Góngora, detalló que entre las propuestas que el sector ha enviado al Senado consideran, incluso, reducir de manera considerable el monto que se propone en el proyecto de decreto para que el delito pueda ser considerado como delincuencia organizada, porque están de acuerdo con que la cuantía no debe ser factor para determinar de esa forma a un delito tributario.

La propuesta de los senadores es que se considere de ese modo cuando el monto de lo defraudado supere los siete millones 804 mil pesos.

La Concanaco solicitó que las comisiones correspondientes del Senado concedan audiencia a una representación de la confederación durante la primera semana de septiembre, una vez reanudado el periodo ordinario de sesiones, con la intención de compartir el documento que enriquecerá la propuesta de referencia.

Por su parte, la dirigencia nacional de la Coparmex aseveró que preocupa que en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran generarse condiciones que causen injusticias, al no tomar en cuenta algunas cuestiones operativas y legales.

A través de un comunicado ese organismo empresarial señaló que si bien es necesario legislar para terminar con la evasión, que es de alrededor de 350 mil millones de pesos en facturas falsas, la ley fiscal no puede votarse sin análisis "extenso y consensuado" con el sector productivo.

Exhortó a que el tema se revise por especialistas para evitar que se acuse de delitos graves a compañías o empresarios que podrían tener operaciones presuntamente inexistentes por circunstancias involuntarias o no intencionales.